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¿Por qué la República perdió la guerra? Stanley G. Payne



UN CONFLICTO ENDÓGENO


    El único proceso revolucionario del continente europeo durante el período de entreguerras tuvo lugar en España a partir de 1931. Fue absolutamente excepcional por cuanto no fue un proceso catalizado por una guerra internacional, sino que fue resultado, casi exclusivamente, de factores endógenos, lo cual, en este sentido, lo convierte en el caso más singular de todos cuantos se puedan someter a consideración. Fue aún más extraordinario puesto que España había tenido todo un siglo de Gobiernos parlamentarios, aun cuando aquel primitivo desarrollo parlamentario tuviera serias deficiencias. Durante la segunda mitad de ese período había prevalecido en España un sistema monárquico constitucional, estable y reformista, ajeno a cualquier presión significativa de índole militar o extranjera de Europa.

    Por otra parte, la innovación y los virulentos giros institucionales habían sido características peculiares de la vida política española durante más de un siglo, prácticamente desde 1810; la transición rápida hacia nuevos modelos o regímenes contaba con varios precedentes. En todo caso, en 1931 de ningún modo resultaba evidente que estuviera comenzando un proceso revolucionario y no un cambio de régimen. Gracias sobre todo a su neutralidad, el país había conseguido evitar buena parte de la crisis sobrevenida tras la Primera Guerra Mundial, aunque sufrió algunas consecuencias parecidas a las de otros países, y esta estabilidad parcial duró algunos años aún. El catalizador inmediato del cambio de régimen fue el proceso político de la dictadura bajo Primo de Rivera, desde 1923 hasta 1930, aunque esta había sido una de las formas de autoritarismo más livianas de su tiempo y había resuelto, más  que exacerbado , los problemas militares más acuciantes del país. En aquellos mismos años concluyeron también las dictaduras temporales en Grecia y Yugoslavia, y las consecuencias políticas en esos países fueron muy escasas. 


     La dictadura española duró lo suficiente para destruir por completo el sistema parlamentario precedente, y después de su caída la monarquía no pudo sostenerse, porque no contaba con el refuerzo que le hubieran proporcionado los cimientos del nacionalismo o del imperialismo. 

     Los acontecimientos en España mostraron una vez más que los procesos revolucionarios a menudo comienzan rápida y pacíficamente, y, relativamente, con poco esfuerzo -en ocasiones prácticamente sin ninguno- por parte de los revolucionarios. Desde luego, esta generalización no siempre se da, pero describe bastante ajustadamente la situación en Francia de 1789, en la Rusia de marzo de 1917 y en la España de 1931, Los procesos revolucionarios que dan comienzo con poca conflictividad habitualmente evolucionan en una serie de fases o secuencias arquetípicas, las primeras fases suelen ser moderadas, y esto, una vez más, describe la situación en España, pues el régimen de abril de 1931 adoptó la forma de una república democrática, basada en los sistemas económicos y sociales preexistentes. Uno de sus ministros socialistas, Francisco Largo Caballero, declaró que en España «el extremismo» no podía tener futuro, dado el gran éxito del reformismo pacífico. Irónicamente, algún tiempo después, él mismo sería uno de los principales líderes en adoptar «el extremismo» como una táctica indispensable.

     Los acontecimientos en España no se precipitaron como en la Rusia en 1917, porque España era un país estable, completamente en paz, y no estaba sujeto a presiones radicales importantes de ningún tipo, ni internas ni externas. La cronología de los acontecimientos fue de algún modo parecida a la de Francia en la década de 1790. El error que cometió uno de los líderes republicanos de 1931, cuando comparó la aparente democratización pacífica del país con la violencia y la sangría de la Francia revolucionaria, fue comparar la España de 1931 con la Francia de 1792 y 1793, dado que la comparación debería haberse establecido con la Francia de 1789. España se radicalizaría muy pronto. Es más, ese comentario pasaba por alto el hecho de que los republicanos habían intentado inicialmente por implantar la república mediante una revuelta militar en diciembre de 1930. Aunque en aquella ocasión fracasaron estrepitosamente, algunos de ellos no mostrarían excesivo pudor a la hora de volver a las tácticas violentas o ilegales.

    Por otra parte, la ausencia de consenso político no era un hecho excepcional, pues, como ya hemos visto, durante la década de los treinta la divergencia de criterios políticos era casi más extrema que en cualquier otra época de la historia. La desgracia de España fue intentar dar con un nuevo sistema político en tales circunstancias. En 1919, por ejemplo, la democracia liberal disfrutaba de un prestigio mayor que en 1931, y la democratización posiblemente pudiera haberse implantado con más facilidad en 1923 que en 1931!.

    Otro detalle en el que España resultaba excepcional era que su sociedad política entre 1931 y 1936 era la más plural, desde todos los puntos de vista, de todos los países que experimentaron procesos revolucionarios: había una amplísima variedad de alternativas, con rapidísimos cambios en el poder político, de tal modo que las diferentes opciones políticas pudieron tener ciertas posibilidades de éxito en distintas ocasiones. A lo largo de fases sucesivas, tuvieron su oportunidad proyectos de régimen muy distintos: una democracia liberal (1931-1932 y 1933-1934), la república exclusivista «jacobina» de extrema izquierda (1932-1933 y 1936), una coalición católica (1934-1935), el socialismo revolucionario (1936), la «nueva fórmula» de la república popular (1937-1938) y una especie de semifascismo (1937-1939); la última opción venció finalmente por la fuerza de las armas. Ningún otro país experimentó semejante caleidoscopio de posibilidades de regímenes ni sufrió tal variedad de procesos revolucionarios extremos.

    Lo fundamental para que se precipitara el proceso en España fue la presencia del elemento básico en todas las revoluciones: la revolución psicológica que conlleva un considerable aumento de las esperanzas en el futuro, que se produjo entre 1914 y 1931. Dichas expectativas habían aumentado y se habían fortalecido no tanto gracias al desarrollo político, sino a la rapidísima expansión social y económica de la década de los veinte, que fue durante algunos años una de las más importantes del mundo; semejante expansión produjo una asombrosa modernización que quedó brutalmente truncada, aunque no invertida del todo, con la Gran Depresión. En torno a 1930 el empleo en el sector primario había descendido a menos de la mitad de la fuerza laboral, y estos cambios decisivos provocaron una demanda cada vez mayor de discursos políticos de mayor calado y reformas institucionales y sociales más profundas. Los efectos iniciales de la depresión fueron comparativamente más leves en España que en la mayoría del resto de los países, pero sus consecuencias, sin embargo, contribuyeron a exacerbar la radicalización que impulsó las exigencias de reformas dirigidas a alcanzar objetivos revolucionarios, en una típica demostración de la teoría fundamental de la revolución tal y como se ha comentado en la Introducción.

    Nada de esto se percibía en 1931, pues, aunque en realidad solo había un acuerdo parcial, la sensación general era que en la coalición gobernante inicial existía un consenso político para mantener la democracia liberal. Sin embargo, de los tres sectores que inicialmente lideraron la República (izquierda republicana, los socialistas y los centristas radica les?), solo el último hizo de la democracia liberal parlamentaria y de las reglas del juego electoral un valor fundamental en sí mismo'. Los republicanos izquierdistas de Manuel Azaña no identificaron la República con un proceso democrático que debe respetarse legal y procedimentalmente, sino como un proyecto de reforma radical para el cual el mismo Azaña y otros líderes del partido en ocasiones utilizaron el término «revolución». Para ellos, «la República» era un programa político e ideológico de carácter especial, no necesariamente una democracia funcional, cuyo objetivo más importante era la exclusión permanente de los intereses católicos y. conservadores de la participación en su Gobierno.

    Esta idea alcanzó un grado incluso mayor en los socialistas, que se comprometieron únicamente a una «lealtad parcial» al nuevo régimen democrático y basaron esa semilealtad en una convicción que sostenían la mayoría de los líderes (si no todos): que el nuevo sistema inauguraba un cambio fundamental que subyugaría permanentemente los intereses políticos y económicos conservadores, iniciando un proceso indefinido de reformas que culminaría en el socialismo. Este no era el resultado de un nuevo análisis estructurado de la doctrina marxista, por una parte, o de la sociedad española, por otra, sino que se formulaba como una idea bastante superficial según la cual, puesto que las fuerzas conservadoras no habían hecho nada, literalmente, para defender la monarquía o prevenir la implantación de la República -un proceso inmediato, no violento, pero en todo caso anómalo e irregular-, España había cambiado definitivamente y para siempre. Como resultado de un rápido desarrollo económico, el materialismo histórico había debilitado irremediablemente, al parecer, los fundamentos de las fuerzas de derechas, las cuales, a partir de ese momento, apenas tendrían capacidad alguna para evitar el advenimiento del socialismo. 

     El resultado político de este nuevo sistema de fuerzas fue un régimen radicalmente reformista que comenzó en algunos aspectos a cercenar bruscamente ciertos derechos civiles, dando lugar a un sistema que el historiador Javier Tusell definiría más adelante lacónicamente como «una democracia poco democrática», la mejor descripción acuñada jamás a росо propósito de la Segunda República, y en solo cuatro palabras. El régimen pareció concentrarse en primer lugar en la esfera religiosa, tolerando o cuasi tolerando «la quema de conventos» que tuvo lugar durante los días 12 y 13 de mayo de 1931, la violenta expresión de un sentimiento e y que había ido forjándose durante más de una generación“, coronado por la absoluta negación del principio de una iglesia libre en un país libre y el cercenamiento constitucional de los derechos religiosos, con la idea de poner en marcha un plan para dar fin a la educación católica. Todo ello constituye e la variante española de las restricciones que se aplicaron a la Iglesia en Francia en 1905; también se siguieron las prácticas de las repúblicas radicalmente anticlericales de Portugal y México; este último país, en 1926, había intentado simplemente ilegalizar las misas católicas en todo el territorio, siguiendo más tarde una política generalizada de asesinatos selectivos de los líderes católicos. En realidad, las políticas republicanas españolas de 1931 y 1932 eran solo el principio; en junio de 1936 los servicios religiosos quedarían completamente suprimidos en algunas regiones de España y las escuelas católicas se cerrarían en la mayor parte del país. Luego vendrían los asesinatos masivos, en un grado incomparablemente superior a cualquier cosa que se hubiera visto en México.

    A lo largo de 1932, a medida que las reformas se ocupaban de los asuntos laborales, el ejército y la autonomía catalana, y posteriormente del eterno problema de la reforma agraria, la opinión pública se fue polarizando cada vez más. El centro político (los radicales) abandonó la coalición de gobierno, alegando que resultaba imposible hacer compatible un régimen republicano constitucionalmente basado en la democracia y la propiedad privada con la convivencia con los socialistas. En septiembre de 1933 la alianza entre los socialistas y la izquierda republicana también se quebró, estableciendo el escenario para la celebración de nuevas elecciones en noviembre de ese mismo año.

    Los primeros grupos que rechazaron el nuevo régimen republicano con violencia e insurrecciones fueron los comunistas (PCE) y los anarcosindicalistas de la FAI-CNT. Entre 1931 y 1933 el Partido Comunista siguió la estrategia del llamado «Tercer Período» de la Internacional Comunista, que consistía en promover la insurrección y la revolución, pero el partido era demasiado pequeño como para intentar llevar a cabo nada serio. Por el contrario, los activistas de la FAI-CNT aprovecharon la inauguración del régimen democrático para causar toda suerte de estragos sobre sus enemigos, provocando veintitrés asesinatos en Barcelona durante las primeras semanas de la República. Más adelante lleva ron a cabo tres insurrecciones revolucionarias sucesivas en enero de 1932, en enero de 1933 y en diciembre de ese mismo año. No consideraban que esos estallidos fueran una guerra civil en sí mismos, sino que lo entendían como el principio de lo que esperaban que sería un levantamiento generalizado de todo el país contra el sistema capitalista. Aun que cada una de esas insurrecciones se extendió por media docena de provincias, o quizá por alguna más, todas adolecían de una organización muy deficiente y ninguna alcanzó ni remotamente a desestabilizar el país, a pesar de los actos de terrorismo y de la muerte de varios centenares de personas.. Algunos pequeños sectores de la derecha radical organizaron una revuelta militar, dirigida por José Sanjurjo, uno de los generales más relevantes del país. Tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. Esta revuelta, llamada «sanjurjada», se formuló en efecto como un antiguo y desfasado «pronunciamiento», y prácticamente la totalidad de Ejército la ignoró. Murieron diez personas. Durante los primeros tres años de la República, los enemigos violentos del nuevo régimen no disfrutaron de excesivos apoyos. Ninguna de las cuatro revueltas, tres de la extrema izquierda y una de la extrema derecha, tenía realmente posibilidades de ser una verdadera amenaza para el sistema en aquel momento.


    La República con frecuencia restringió los derechos civiles e impuso una censura más amplia que la que había existido normalmente bajo el régimen de la monarquía parlamentaria. La Ley para la Defensa de la República, de carácter especial, otorgaba al Gobierno amplios poderes para suspender los derechos civiles y las garantías constitucionales. Preveía tres niveles diferentes de suspensión: «estado de alarma», «estado de prevención» y «estado de guerra». Estos tres niveles se invocaron con mucha frecuencia durante esos años, tanto contra la derecha como contra la extrema izquierda, de modo que, en total, la Segunda República pasó más días con las garantías constitucionales suspendidas, o parcialmente suspendidas, que en un estado de normalidad constitucional. Estas cosas no las inventó Franco.

    Este fue uno de los modos que encontraron los republicanos para crear su propia versión del «estado de seguridad» desarrollado por la República de Alemania, la cual había formado unos nuevos cuerpos especiales de policía que se ocuparían de la vigilancia en grandes eventos y en situaciones especiales de emergencia. Del mismo modo, los republicanos potenciaron la Guardia Civil, destinada a la seguridad en áreas rurales, con un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia de Asalto, destinada a servicios especiales en las ciudades. La propia nomenclatura «de Asalto» era el reflejo español del movimiento hacia el desarrollo de organizaciones paramilitares que se produjo entreguerras. 

    A lo largo de 1932 las fuerzas conservadoras consiguieron reorganizarse: al principio adoptaron la forma de la nueva Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de raíces católicas, que en lo sucesivo sería el partido político más grande de España. El tamaño y fuerza de este resurgir conservador representó una verdadera conmoción la para la izquierda, dada la superficialidad del análisis que habían hecho de la sociedad española en los últimos años.

    Para cuando se celebraron las elecciones de noviembre de 1933, la mayoría de los socialistas expresan una grave desilusión con la República, la cual ya no parecía que fuera a ser automáticamente un paso previo inevitable hacia el socialismo. Aunque la coalición izquierdista había conseguido sacar adelante una nueva ley electoral solo unos pocos meses antes de los comicios -pergeñada efectivamente para perpetuar el control izquierdista de la República y otorgar una ventaja enormemente des proporcionada a las grandes coaliciones, los socialistas se negaron a seguir en coalición con las fuerzas republicanas de izquierdas, a las que tildaron de irremisiblemente «burguesas».

    Las elecciones de 1933 depararon un resultado casi diametralmente opuesto al que se produjo dos años antes: la CEDA ganó por pluralidad de votos, aunque no logró mayoría absoluta en escaños. Durante algún tiempo, los radicales —el segundo partido en escaños— lideraron un Gobierno de minoría que recibió el apoyo de la CEDA, una forma de Gobierno minoritario que también se reproducirá al otro lado del espectro político tras las elecciones de 1936.

    Los dirigentes de la izquierda republicana y de los socialistas respondieron con la exigencia de que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, anulara los resultados electorales y permitiera cambiar las reglas electorales para celebrar nuevas elecciones con el fin de garantizar la victoria de una coalición de izquierdas. No denunciaban que las elecciones hubieran sido un fraude: simplemente protestaban ante el hecho de que la victoria hubiera caído del lado del centro y la derecha. Rechazaron en ese momento el principio básico según el cual la democracia constitucional descansa en la asunción de las reglas de juego y en la supremacía de la ley, sobre lo que se denomina «reglas de juego fijas y resultados inciertos», e insistieron en un resultado garantizado -que les otorgaría el poder, y que solo podría alcanzarse mediante la manipulación de las reglas electorales.

    Mientras que la CEDA había aceptado la ley electoral redactada por sus oponentes izquierdistas, la izquierda sostenía que no se podía permitir que el partido católico ganara las elecciones -incluso bajo las normas electorales redactadas por la izquierda—, porque la CEDA proponía ciertos cambios fundamentales en el sistema republicano. Aunque la izquierda había promovido y ejecutado un cambio de sistema de España, y los socialistas proponían ir incluso mucho más lejos e implantar el socialismo, la izquierda alegaba que a la derecha católica no se le podía permitir introducir cambio alguno. La izquierda insistía en que la República no pretendía ser un régimen democrático igualitario para todos, sino un sis. tema exclusivamente identificado con la izquierda, y no con los deseos expresados por la sociedad española. Así pues, la forma de la República democrática y parlamentaria, si fuera necesario, no sería más que una ficción o un disfraz para legitimar el poder de la izquierda.

    La situación de la izquierda en España en 1933 no tenía precedentes en la reciente historia de Europa; el equivalente más cercano --aunque mucho más extremo— era el de la Unión Soviética. La socialdemocracia alemana, por ejemplo, se había esforzado enormemente para conseguir la igualdad de derechos para todos al fundar la República de Weimar (sobre cuya Constitución se modeló en parte la Constitución republicana española), e incluso los socialistas revolucionarios «maximalistas» de Italia. 6. entre 1919 y 1922, jamás habían propuesto seriamente manipular los resultados electorales. Frente al ascenso del fascismo, su último gesto importante fue el sciopero legalitario (huelga que reclama la ley), de mediados de 1922, que solo exigía un retorno a la ley y el orden y a un Gobierno democrático.

    La primera «izquierda» española, en 1810, había sido realista, coherente y moderada. Aunque en aquellos momentos España carecía del verdadero impulso de una sociedad civil para sostener un sistema liberal constitucional moderno, la Constitución que redactaron en 1812 sirvió como un faro del liberalismo europeo, desde Portugal a Rusia, durante las décadas siguientes. Los «exaltados» de la extrema izquierda irrumpieron por vez primera en el panorama político entre 1820 y 1823, y se convirtieron en una maldición para la vida política española desde entonces. Mientras que los llamados «doceañistas» habían aprendido de su experiencia y tratan de ajustar sus objetivos políticos a los intereses y las posibilidades de la sociedad real, los exaltados avanzaron hacia objetivos más extremos, los cuales, fueron o no deseables en sí mismos, no se correspondían en absoluto con la estructura y los valores de la sociedad española. De aquella época nace el objetivo de la izquierda española de sus valores por las buenas o por las malas. A lo largo de la mayor parte del siglo XIX, esto se resolvió en una combinación de pronunciamientos militares (la mayoría de los pronunciamientos sirvieron a los proyectos más liberales) y algaradas callejeras. El desarrollo de los movimientos revolucionarios obreros (anarcosindicalistas y marxistas) acentuó el extremismo. Desde la década de 1860 también se produjeron corrientes de republicanismo radical que atravesaron numerosas vicisitudes y mutaciones, hasta que encontraron su encarnación más innovadora en los nuevos partidos que se crearon como reacción a la dictadura de Primo de Rivera. Estos últimos, en conjunción con otros grupos izquierdistas, desarrollaron la doctrina según la cual todo lo que se opusiera a la izquierda era reaccionario y, de inmediato, se consideraba ilegítimo: un nuevo estilo de «izquierdismo cañí» que no encuentra una modalidad equivalente en ningún sitio fuera de España, al menos en Europa.

    En noviembre de 1933, el presidente Alcalá Zamora, un católico liberal, rechazó cuatro peticiones distintas de la izquierda republicana y de los socialistas que exigían anular los resultados electorales y cambiar las reglas ex post facto, es decir, implantar una ley a posteriori y con carácter retroactivo. En ese sentido, el presidente insistió en la ley de las reglas de juego fijas y de los resultados inciertos. Aun así, el hecho de que la mayoría de los fundadores de la República rechazaran la democracia electoral en cuanto perdieron unas elecciones solo significa que su deseo de implantar una verdadera la democracia era, como mucho, dudoso. El establecimiento de la democracia dependería del centro, y en alguna medida también de la derecha moderada, a menos que la izquierda cambiara su modo de entender las cosas. Sin embargo, aunque la derecha moderada, al revés que la izquierda, se ajusta a la ley, su último objetivo no era mantener una república democrática, sino convertirla en una especie de régimen distinto de tendencias conservadoras y corporativistas. Desde luego, no parecía muy probable que los demócratas liberales centristas, liderados s por Alejandro Lerroux y su Partido Radical, con poco más del 20% del voto popular, pudieran mantener un régimen democrático. 

    La radicalización del socialismo español y de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante los años 1933 y 1934 confundió a todos los analistas, porque aquella deriva parecía ir contra la tendencia de todos los partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental, los cuales se habían tornado más moderados y pragmáticos, buscando resultados prácticos más que soluciones revolucionarias. ¿Qué significaba esto en realidad? ¿Ocurría solo porque «España es diferente»?

    Las razones eran de índole práctica; en realidad, casi visceral. Los primeros signos de que la coalición izquierdista estaba perdiendo poder habían aparecido en verano de 1933. El hundimiento final de la coalición izquierdista se corroboró tras el estrepitoso fracaso en las elecciones, y estos fueron los factores principales del radicalismo izquierdista en España, aunque las perspectivas de un socialismo internacional, cada vez mas dudosas, sobre todo en Centroeuropa, probablemente también desempeñó algún papel. Para los socialistas españoles, el principal objetivo no era ni la democracia ni la revolución: se trataba puramente de una cuestión de poder. La gran expansión de su movimiento les había proporcionado
una cucharadita del poder por vez primera en su historia, y el sabor les había encantado: fuera como fuera, no estaban dispuestos a entregarlo de buena gana. giro hacia posturas violentas se materializa en la campaña electoral de 1933, cuando los socialistas fueron responsables de la mayoría de los incidentes, que se resolvieron con alrededor de veintiséis muertes Sus objetivos particulares durante los siguientes meses serían los miembros de una nueva organización fascista: la Falange Española. Paradójicamente, fue el principal estudioso del marxismo entre los líderes del socialismo, el profesor de filosofía Julián Besteiro, también jefe de la comisión ejecutiva de UGT, quien más abiertamente se opuso a la pro puesta revolucionaria de carácter violento. Besteiro advirtió que España no era Rusia, que una revolución armada en España requeriría, de he cho, más violencia de la que los bolcheviques habían ejercido en la Rusia completamente fragmentada de 1917 y que, aun así, probablemente fracasaría, y que la «dictadura del proletariado» que invocaban los revolucionarios ya no era más que un concepto superado en el mundo democrático occidental".


    Las instrucciones del Comité declaraban que la insurrección debería tener «todos los caracteres de una guerra civil», y que su éxito dependía de «la extensión que alcance y la violencia con que se produzca». Se elaboró un mapa de Madrid, por distritos, con puntos clave señalados como objetivos, y listas de personas que debían ser arrestadas. El Comité Revolucionario planeó utilizar miles de voluntarios milicianos, con la complicidad de bastantes guardias de asalto y guardias civiles: algunos de los insurrectos vestirían uniformes de la Guardia Civil. Se hizo uso habitual del viejo manual preparado por el mariscal Mijail Tujachevsky y otros oficiales del Ejército Rojo en 1928 para la ofensiva revolucionaria del «Tercer Período» de la Internacional Comunista. Tujachevsky redactó La insurrección armada con el seudónimo A. Neuberg y el texto fue amplia mente difundido y leído asiduamente entre los comunistas alemanes.

    Pío Moa tiene razón al sugerir que la insurrección de los socialistas españoles fue la más organizada, la más elaborada y la mejor armada de todas las acciones de insurrección que tuvieron lugar en Europa occidental durante el período de entreguerras. Y fue así porque no se trató, como se ha dicho, de una reacción defensiva y desesperada (como la de los socialistas austríacos en febrero de 1934, después de la implantación de un Gobierno autoritario), sino una actividad agresiva, larga y cuidadosamente planificada que había estado preparándose teórica y retóricamente durante más de un año y que tácticamente se planificó durante nueve meses. Ninguna de las acciones de insurrección de los comunistas o espartaquistas en Alemania, por ejemplo, revelaron ese grado de preparación.

    La entrada de tres cedistas en un Gobierno de coalición de centro derecha dominado por Alejandro Lerroux y los radicales centristas se convirtió de hecho en la justificación expresa de la insurrección revolucionaria lanzada por los socialistas y la Alianza Obrera (una nueva asociación formada por otros grupos obreristas), junto con la Esquerra catalana, el 4 de octubre. El argumento de la izquierda era que tanto Mussolini como Hitler habían accedido al poder legalmente con solo una minoría de escaños en una coalición gubernamental. Semejante fundamento descansaba en la idea de que la CEDA era «fascista», incluso aun que el nuevo partido católico hubiera observado escrupulosamente la legalidad y, al contrario que los socialistas, hubieran evitado cualquier tipo de violencia y de acción directa, a pesar de que numerosos miembros del partido hubieran sido asesinados por la izquierda. La única actividad «fascista» con la que tuvo relación la CEDA fue la violencia que la izquierda desató contra ella. En este sentido, el PSOE tenía más características de una organización fascista que la CEDA, como señaló el veterano socialista Besteiro. La insurrección también asumió, en interés de España -o, al menos, de la izquierda—, abandonar el ámbito parlamentario, aunque una proposición semejante era de todo punto dudosa.

     Aunque la insurrección estalló en quince provincias, acompañada de una revuelta frustrada de la Generalitat catalana en Barcelona, solo tuvo éxito en Asturias, donde se extendió por toda la cuenca minera y la mayor parte de Oviedo. Se enviaron algunos destacamentos del Ejército des- de el Protectorado de Marruecos y de otros lugares, que tuvieron que emplearse durante más de dos semanas de combates hasta que la revuelta fue finalmente sofocada. Los revolucionarios cometieron numerosas atrocidades, asesinando a más de 40 sacerdotes y civiles, llevaron a cabo una destrucción generalizada e incendios premeditados, y saqueando al me nos quince millones de pesetas de los bancos, la mayoría de los cuales nunca se recuperó. Para sofocar la insurrección, los militares celebraron numerosas ejecuciones sumarias, que se han estimado en una horquilla que va desde las 19, por lo bajo, a las 100 o más por lo alto. En total, murieron casi 1.500 personas, la mayoría de ellos revolucionarios. Otros 15.000 fueron arrestados, y durante las primeras semanas tras la algarada hubo torturas a los prisioneros.

    Las insurrecciones contra gobiernos parlamentarios tenían preceden tes en Europa; la primera, tal y como hemos visto, la habían lanzado los socialistas daneses en enero de 1918, precipitando la guerra civil en Finlandia. En Alemania se habían producido confusas intentonas por parte de los espartaquistas en 1919, los comunistas en 1921, y, más adelante, algaradas distintas de nazis y comunistas dos años después. Solo la guerra civil resultante en Finlandia había igualado o excedido la insurrección española de 1934 en cuanto a violencia e intensidad se refiere.

    Las consecuencias de la insurrección frustrada de octubre fueron mucho más intensas y traumáticas que las de otras revueltas anarquistas o de la «sanjurjada» militar, porque en Asturias los revolucionarios se habían hecho con el control de prácticamente toda una provincia y fue precisa una campaña militar para sofocarla. Desde ese momento, la polarización se haría cada vez más intensa, y muchos historiadores se han referido a esa insurrección bien como el «preludio» o «la primera batalla» de la Guerra Civil. En su planificación, los socialistas lo reconocieron como una forma de guerra civil, para la cual podría haber sido un violen to preludio, pero este no fue todavía el comienzo de la Guerra Civil de 1936, simplemente porque fue completamente sofocada. 

    Hay pocas dudas de que la división ideológica que se había producido en España se había visto influida por el giro hacia alarmantes poderes y alternativas radicales en distintos lugares de Europa durante los cuatro años precedentes. Pero la repentina democratización de 1930 y 1931 había sido exclusivamente endógena en sus orígenes y, en menor medida, lo mismo puede decirse de la nueva polarización. Los socialistas, por ejemplo, no estaban realmente muy influenciados por sus homónimos del extranjero, pues ninguna de las agrupaciones socialistas europeas se había rebelado contra un Gobierno parlamentario desde 1918. Del mismo modo, en ningún otro país los conservadores habían sido tratados desde locamente como «fascistas». Más que abrir la puerta al «fascismo», los Gobiernos del Partido Radical, de 1933 a 1935, diseñaron los Gabinetes más democráticos y equilibrados que tuvo la República, particularmente si se considera la violenta oposición a la que tuvieron que hacer frente, tan diferente de las condiciones de 1931 y 1933. En realidad, la izquierda española creía que Europa se dirigía hacia nuevas alternativas políticas, pero en ningún otro lugar la izquierda rechazó los procedimientos constitucionales y parlamentarios. Toda esa ideología revolucionaria era, más que otra cosa, el producto interno de la tradición de los «exaltados» y de los acontecimientos recientes que se desarrollaron en España.

Los verdaderos responsables de la Segunda Guerra Mundial - Paul Rassinier

 


La política del presidente Rooselvelt



Un demócrata, el presidente Roosevelt es también un francmasón, como resultado, sus relaciones con el mundo judío americano son numerosas e íntimas. Su séquito es judío, al menos el mayor número de sus más importantes colaboradores. Morgenthau, su Secretario de Estado en el Tesoro, es judío; sus asesores más influyentes, Baruch y Weizmann, también; Cordell Full del Departamento de Estado es el marido de una mujer judía; Herbert Freis, también del Departamento de Estado, es judío; Lehman, Gobernador del Estado de Nueva York, y la Guardia, Alcalde de la ciudad; Sol Bloom, Presidente de la Comisión del Departamento de Estado, de la Cámara de Representantes también es judío; los representantes Dickstein, Celler, etc., el líder sindicalista Sidney Hillmanm los periodistas Lippmann (siempre presente allí), Lawrence, Meyer, Sulzberger, el comentarista de radio Walter Winchell, etc (nombres citados según Saül Friedlander). Toda esta gente tiene sus grandes y pequeñas entradas en la Casa Blanca.

Por otro lado, y esto lo explica, en los EE.UU. hay una comunidad judía de más de cinco millones de personas, que ha ido creciendo desde 1880 y dispone de ciento once publicaciones de la cuales sesenta y cinco en inglés, cuarenta y una en yiddisch, tres en hebreo, dos en alemán, desglosados de la siguiente manera: nueve diarios de gran tirada, sesenta y ocho semanarios, dieciocho mensuales y dieciséis de otros, bimestrales, trimestrales o semestrales. Sin mencionar los holdings financieros que a menudo son la mayoría en la prensa no judía: El periodista Lippmann, por ejemplo, es impuesto al New York Herald Tribune por los banqueros judíos que como vulgarmente se dice hacen que llueva o haga sol.


Su pertenencia a la francmasonería fue, por supuesto, una señal de que las simpatías del presidente Roosevelt estaban con los judíos, que eran la fracción más grande y dinámica, y que determinaban todas sus posiciones políticas. Pero incluso si no hubiera sido masón, difícilmente habría podido ignorar la influencia que, por su importancia, su prensa y a la que tenían acceso a través de su participación financiera, ejercía sobre la opinión pública americana y que les convertía en agentes electorales de primer orden. Habían sido un factor importante en su elección a la presidencia de los Estados Unidos, por lo que se deberían considerar para las futuras elecciones. De hecho, tan pronto como fue elegido el Presidente Roosevelt aceptó, primero tácitamente y luego abiertamente, todos los postulados de la política judía. 


Tal vez esto se debió al hecho de que era un hombre muy enfermo y que su enfermedad lo colocó en una dependencia casi total de su esposa, que era aún más feroz que él a favor de la causa judía, políticamente inculta, visiblemente sobreexcitada y de la que Ribbentrop podía decir que era solo una “musaraña”. Sobre la enfermedad de Roosevelt, por el papel que desempeñó en una guerra a la que se quiere mantener su santidad, se guarda el secreto más absoluto. Se ha hablado de la polio. El Larousse del siglo XX dice que es una parálisis generalizada que comenzó en las piernas. El caso es que este robusto muchacho en 1921, a la edad de treinta y nueve años, se vio afectado por una repentina enfermedad que le obligó a desplazarse en una silla de ruedas y, hasta su muerte, le hizo perder tan peso que en 1939 ya era una sombra de su antiguo yo. Ante algunos de sus errores diplomáticos, incluida su carta a Hitler y Mussolini del 14 de abril de 1939, en la que los acusaba de ser los únicos fabricantes de armas del mundo, Göring no dudó en decir que era “el efecto de la parálisis progresiva” y Mussolini que era “el comienzo de una enfermedad mental”. La pregunta es: ¿qué pasa si el Larousse del siglo XX tenía razón y Roosevelt llegó al poder solo cuando, después de arruinar su cuerpo, su enfermedad comenzó a atacar sus medios intelectuales?


Se pueden explicar muchas cosas, en particular su acuerdo con Churchill, del que sabemos, desde la publicación de las Memorias de su médico, Lord Morand, que no era más que otro paciente casi tan grave como Roosevelt, aunque de forma diferente, y la influencia que su esposa y su séquito judío ejercieron sobre él (Saul Friedländer traduce: “La hostilidad inmediata que el nuevo régimen alemán provoca al otro lado del Atlántico se explica por lo que se cree que es el conocimiento de la influencia de los judíos allí. En realidad, en 1933, todavía era solo la hostilidad del Presidente Roosevelt y no la hostilidad del otro lado del Atlántico, como afirma Saül Friedländer. En septiembre de 1939, una encuesta de opinión de la Agencia Roper, que se encuentra a continuación, estableció que solo el 2,8% del pueblo estadounidense apoyaba la entrada inmediata en la guerra de los Estados Unidos junto con Inglaterra y Francia. Sin embargo, la influencia ejercida por los judíos, ya sea de la prensa -por lo tanto, en la evolución del mundo hacia la Segunda Guerra Mundial- no es discutida por nadie, ni siquiera por los judíos: Saül Friedländer es un historiador judío -comunista o criptocomunista, nacido en Praga y ciudadano israelí pero que prefiere vivir en Suiza- que se ha distinguido recientemente por presentar un expediente truncado y tendencioso sobre el asunto Pio XII -Pío XII y el III Reich, publicado por Editions du Seuil, París-). La historia de esa época tomaría la forma de una novela de cine negro, en la que el destino del mundo habría caído en manos de dos personas intelectualmente enfermas, porque estaban físicamente en decadencia. 


El programa del Partido Nacionalsocialista preveía que, tan pronto como llegara al poder, los judíos ya no serían considerados en Alemania más que como extranjeros, que no tendrían más derechos que los extranjeros en todos los países del mundo y que, en particular, podrían ser expulsados de ella, como también en todos los países del mundo los extranjeros pueden ser expulsados. Así decidida como cuestión de principio y dirigida colectivamente a todos los judíos sin otra razón que la de su raza o religión, la media tomó el carácter de una indiscutible y grave violación del derecho de gentes: en otros países, se tomó solo individualmente contra los extranjeros y solo como una violación de la seguridad interna del Estado. Los alemanes lo justificaron por el hecho de que los judíos eran parásitos colectivos que vivían casi exclusivamente del comercio del dinero (elaboraban estadísticas de los judíos alemanes por profesión), es decir, del trabajo de los demás, desorganizaban todos los circuitos económicos y ponían así en peligro la existencia del Estado (en apoyo, afirmaron que en dos ocasiones habían causado el colapso económico de la República de Weimar para enriquecerse, pero que solo habían tenido éxito la primera vez, en 1923) y, en suma, tendían colectivamente a poner todo su empeño en llevar a Alemania a una invasión regulada. En el plano político, añadieron que la afirmación de los judíos de no considerar a Alemania mas que como un país de acogida, donde se les obligaba a vivir, al igual que otros de sus correligionarios se habían visto obligados a vivir en otros países, ya que, según decían, Tito y Adriano los habían expulsado de Palestina y los habían dispersado por todo el mundo (la Diáspora, en la versión que nos dieron los judíos, es un mito. En realidad, los judíos siempre han estado dispersos por todo el mundo, por su propia voluntad y solo una minoría de ellos ha vivido en Palestina. En el l’affaire Jesus -Calmann Lévy, París 1964- Michael Plault nos dice que en la época de Jesús había unos 7 millones de judíos en el mundo, de los que, menos de 3 millones en Palestina. Sin embargo, para llegar a estos 7 y a estos 3 millones, está obligado a considerar que todos los habitantes de Palestina, que entonces incluía a Siria, Irak, Jordania, la Franja de Gaza y el Estado de Israel hoy en día, eran judíos y que, según el historiador judío Josefo, en realidad estaba poblada por unos 3 o 4 millones de personas. Más modestamente el Sr. Ben Gurion dice que había de 3 a 4 millones de judíos en el mundo, de los cuales menos de un millón vivían en Palestina en medio de casi 3 millones de árabes, y añade, según Josefo, que “no ningún pueblo en el mundo que no tenga una comunidad de nuestros hermanos en su seno”. El mismo fenómeno de puede ver hoy en día donde hay de 17 a 18 millones de judíos en el mundo -los judíos dicen que 13 a 14 millones, pero esto es falso -ver El drama de los judíos europeos- y solo unos 2.500.000 en el Estado de Israel. Reclaman Palestina, pero no van allí, afortunadamente porque entonces no había manera de evitar una tercera guerra mundial.”El sionismo, dijo alguien, es una doctrina que consiste, para un judío, en enviar a otro a Palestina, a expensas de un tercero, si no puede enviarlo allí a expensas de un goyum -no judío-) y era inaceptable la pretensión de los judíos de querer seguir siendo un pueblo distinto y constituir en el país de acogida, de derecho, la minoría nacional que constituían ilegalmente de facto utilizando todas las lagunas de las leyes vigentes: si lo lograban, constituirían entonces un Estado dentro del Estado, lo que significaría que la seguridad del Estado, que es unitario por definición, estaría gravemente empanzada. En resumen, les pareció bastante normal considerar a los judíos como extranjeros en Alemania, ya que ellos mismos se consideraban extranjeros allí. 


Tomando nota de esta doctrina, que sustraía de su mercado financiero a un pueblo de setenta millones de personas, todos los judíos del mundo, en lugar de buscar un compromiso que era tanto más fácil de encontrar porque Hitler lo buscaba, se declararon inmediatamente apasionados por el debate y, por su propia admisión (los pueblos judíos del mundo declaran la guerra financiera y económica a Alemania -Daily Express 24-3-1933), en estado de guerra, no solo con la ideología nazi, que había sido perfectamente legítima y solo habría llevado a una discusión académica en el peor de los casos, sino también contra Alemania, lo que significaba una intervención militar: buscaron en todos los países donde tuvieron alguna influencia en arrastrar al mundo en esta vía. El Presidente Roosevelt no podía seguirlos en ese terreno: el pueblo americano era resueltamente hostil a una guerra en Europa, si los americanos, como era el caso, no se veían directamente amenazados en sus intereses, y habría comprometido su reelección o la de la persona que su partido elegirá para sucédale. Tampoco podía hablar en contra de ellos, tanto porque perdía un valioso agente electoral como porque compartía sus puntos de vista. Se quedó en silencio, y mientras que bajo el Presidente Hoover los Estados Unidos propusieron planes de paz en la Conferencia de Desarme (Plan Hoover, Pacto Briand-Kellog), bajo el Presidente Roosevelt ya no lo hicieron. 


La nota de Barthou del 17 de abril de 1934


Francia vio en esta actitud del Presidente Roosevelt, una cierta comunión de pensamiento con su punto de vista -no se equivocó- y se creyó asegurada del apoyo de América en caso de guerra con Alemania: solo se atrincheró más firmemente en sus demandas, no haciendo nada para fomentar la reanudación del diálogo con el retorno de Alemana a la Sociedad de Naciones sino que, por el contrario, hizo todo lo posible para mantener al margen y empeorar las relaciones entre ella y la Sociedad de Naciones. Obviamente, Francia esperaba tontamente que si un día Hitler se enfrentaba a la elección entre la guerra y inclinarse, se doblegaría. 


El 21 de febrero, Eden estuvo en Berlín, donde el Canciller Hitler le dijo que aceptaba el plan inglés con sujeción solo a unos pocos cambios detallados, que ambas partes acordaron que no eran importantes: por ejemplo, si no era posible abolir la aviación militar en todas partes, el Reich no podía esperar dos años para garantizar su seguridad aérea. En este punto, un compromiso es muy posible. Eden, tras haber expresado el punto de vista de Francia sobre las SA y SS, Hitler le dice que está listo para desarmarlos, o incluso abolir las SA por completo. Pero si acepta que los armamentos de las demás naciones solo se levarán al nivel de los armamentos alemanes en un plazo de cinco años, no puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar el punto de vista de Francia, que amplía este plazo en tres años y lo somete únicamente al control de armas alemán: también acepta el control de armas, pero a condición de que todos se sometan a él, una vez que se haya completado el desarme y no antes, cuando no hay nada que controlar. 


El 26 de febrero, Eden se encuentra en Roma, donde el plan inglés también se acepta en sus líneas generales. Pero sin oponerse a ello, Mussolini le dice que no cree en la posibilidad de estandarización de los ejércitos alemán y francés, inglés y polaco. 


Una vez más, solo Francia…


Sobre las conclusiones del informe que, de vuelta a Londres, Eden se lo entregó a Baldwin, quien lo transmitió a todas las cancillerías, y comenzó la discusión. En el curso del debate, en vista de la intransigencia de Francia, Alemania se vio obligada a manifestar, en un memorándum de fecha 13 de marzo, que “ya no puede, bajo ninguna circunstancia, sentirse obligada por un estatuto militar similar al prescrito por el Tratado de Vesalles”. Barthou respondió el 17 de marzo que la parte V del Tratado de Paz debe permanecer inviolable y que estamos decididos a mantenerla en cualquier caso”. 


Y así permaneció hasta el 17 de abril: mientras tanto, todos los intentos realizados por Inglaterra para que Barthou volviera a este punto de vista, o para obtener de él las garantías que exigía para volver a él, fueron en vano. Por último, a un nota inglesa del 10 de abril, Barthou respondió el 17 de abril, en un tono a la vez categórico e indignado, que “el Gobierno Francés se niega solemnemente a legalizar el rearme alemán”, que “ha hecho inútiles todas las negociaciones” y que “Francia garantizará en adelante su seguridad, sola y por sus propios medios”. 


Esta fue la ruptura definitiva e irremediable con todas sus consecuencias: por un lado, la seguridad de que Alemania nunca volvería a la Sociedad de Naciones, y por otro, el nuevo comienzo de la carrera armamentista que estaba claro que llevaría a la guerra. Lloyd George dijo a la Cámara de los Comunes el 21 de abril que “era la consecuencia lógica del hecho de que durante años y para futuro, Francia se había negado a mantener su compromiso de desarme (una referencia al preámbulo de la Parte V del Tratado de Versalles) y que, incluso después de Locarno, había aumentado sus armamentos año tras año”. 


Incluso Leon Blum lamentará que Barthou haya tomado esta iniciativa, condenará severamente al Gobierno que le ha permitido tomarla y subrayará la responsabilidad de Francia. “¿Cree usted, dirá, que Alemania, incluso la de Hitler, habría tenido la libertad de rearme que tiene hoy, que podría haber tomado esta iniciativa libre y deliberada, frente al mundo, si se hubiera firmado a su debido tiempo una convención justa de desarme por una reducción general?”. 


En ese momento dos los pueblos esperaban en efecto “esa justa convención de desarme para una reducción general”, y lo que les llegó fue la nota de Barthou que lo impidió y, al permitir que se reanudara la carrera de armamentos, abrió de par en par las puertas del mundo a la guerra. 


Los amantes del humor negro se consolarán pensando que si, gracias a Francia representada por Barthou, se hubieran roto las relaciones a nivel de humanismo, entre Alemania y la Sociedad de Naciones por un lado, y Francia y Alemania por otro, no se hubieran roto entre los fabricantes de armas a ambos lados del Rin. Los franceses y los alemanes se llevaron muy bien en este sector, con la bendición de ambos gobiernos. Esto se demuestra con esta respuesta a una pregunta del senador Paul Laffont publicada en el Journal Officiel del 26 de marzo de 1938:


“Las cantidades de mineral de hierro exportadas de Francia a Alemania durante los años 1934, 1935, 1936 y 1937 se registran en el siguiente cuadro:


Año 1934…….. 17.060.916 quintales métricos

Año 1935…….. 58.616.111        “             “

Año 1936…….. 77.931.756        “             “

Año 1937…….. 71.329.234        “             “


También sería un consuelo, añade Le Crapouillot (Historia de la Segunda Guerra Mundial), “para todos los combatientes franceses que fueron acribillados durante la campaña de 1939-40, cuando supieran que los proyectiles que los mutilaron habían sido fundidos en el mineral patrióticamente exportado a Alemania por el Sr. François de Wendel y sus compañeros siderúrgicos de Meurthe-et Moselle”.


Estas cifras demuestran, en efecto, que, si se hubiera adoptado el plan inglés, el Sr. François de Wendel y sus compañeros siderúrgicos de Meurthe-et-Moselle se habrían visto condenados a seguir vegetando: Alemania era su más importante y, por así decirlo, su único cliente en el sector de las materias primas que producían, y que el estado del mercado, así como el equipamiento de la industria francesa, no les permitía transformar o vender en otro lugar. 


Pregunta: ¿El Sr. Barthou estaba a sueldo del Sr. François de Wendel y sus compañeros de la siderurgia en Meurthe-et-Moselle?


En todo caso, todos los que tenían alguna influencia en el mundo estaban unidos contra la Paz: los judíos por la ideología -al menos enmascaraban ciertos intereses materiales por medio de la ideología-, el presiente Roosevelt por su devoción, los fabricantes de armas por el interés, los políticos franceses por su complacencia o por un nacionalismo estrecho de miras. 


¿Y que hay de Hitler en todo esto?


Siguió el movimiento, definiendo su actitud, día a día, de acuerdo con la de sus oponentes y dándoles cada vez la respuesta de la pastora. 


En este juego, si no había un cambio, uno no podía dejar de encontrarse un día frente a una guerra que no podía evitarse, y eso es lo que pasó. 



Hacia la Guerra


1 La carrera armamentista


La Nota de Barthou del 17 de abril de 1934, que confirmó el fracaso de la Conferencia de Desarme y puso fin a toda esperanza de acuerdo, desencadenó un verdadero viento de locura en el mundo. En lo que respecta a los armamentos, todos los pueblos tenían ahora las manos libres. 


Paradójicamente, fue en los Estados Unidos donde este viento se desató: en un discurso que pronunció el 23 de julio de 1934 a la tripulación del crucero Houston, el Presidente Roosevelt declaró que “la flota americana será reforzada hasta el límite máximo de su poderío” y anunció “la construcción de 360.000 toneladas de nuevas unidades”. 


Rusia también está tomando medidas militares, pero sin traslucir nada. No fue hasta el 1 de enero de 1935, por un discurso pronunciado or el Mariscal Tukhachewsky, Comisionado Adjunto de Guerra Popular, en el VII Congreso Panruso de los Soviets, que nos enteramos de que durante el año 1934, la fuerza militar del país aumentó de 600.000 a 940.000 hombres. 


En Polonia, el 24 de septiembre de 1934, el mariscal Pilsuski emitió un decreto por el que se instituía el servicio militar obligatorio para todos los hombres de 17 a 60 años de edad, incluidas las mujeres. 


En septiembre de 1934, cuando había llegado el momento de planificar el plebiscito del Sarre, transcurridos los quince años, se fijó la fecha para el 13 de enero de 1935. En cuanto al estado de la opinión pública en el Sarre, el Gobierno francés seguía viviendo de la idea que Clemenceau había tenido en 1919, y estaba tanto más anclado en esa idea cuanto que durante quince años se había dedicado a una intensa propaganda antialemana, acompañada, desde 1930 y más particularmente desde 1933, de una propaganda antihitleriana en la que no se había dejado nada en la sombra: Ni la persecución de los judíos, ni los campos de concentración, ni los obstáculos de Hitler a la libertad de expresión, ni el horror que su régimen inspiró en la conciencia universal etc., quedaron en la sombra. Esto, pensó, era una oportunidad única para poner a Hitler en jaque y dar a su prestigio en Alemania un golpe del que no se recuperaría. 


Hitler, sin embargo, se sentía en una posición de fuerza y estaba seguro de su caso: habiendo muerto Hindenburg el 1 de agosto, un Consejo de Gabinete convocado inmediatamente en la Cancillería había decretado que “Las funciones de Presidente del Reich se fusionarían con las de Canciller del Reich y que en consecuencia todas las atribuciones y prerrogativas del Presidente se transferirían al Canciller Adolf Hitler. El decreto, que se publicó inmediatamente en todos los edificios públicos del Reich y se sometió a referéndum, fue aprobado por el electorado el 19 de agosto por 38.362.760 votos (88,9% de los inscritos). Esto fue una prueba de que Hitler todavía tenía la confianza masiva del pueblo alemán. Además, sus servicios de inteligencia le habían proporcionado un informe del que se desprendía que en el Sarre, como en todos los países donde había minorías de habla alemana, estas minorías exigían vigorosamente su regreso a la madre patria. 


Desgraciadamente, para no desatar las pasiones que el plebiscito iba a suscitar y que no podían sino agravar sus relaciones con Francia, en las conversaciones preliminares hizo remitir a nuestro embajador en Berlín, François-Poncet, una nota en la que Hitler proponía resolver el asunto mediante un acuerdo amistoso entre los dos gobiernos: el Sarre volvería a ser alemán, pero un tratado económico permitiría a la industria francesa beneficiarse de sus recursos en las mismas condiciones que en la actualidad. La pregunta era sabia. Creó una importante corriente favorable en Francia, encabezada por Jules Romains, quien realizó una serie de conferencias en Francia, publicadas más tarde bajo el título de Le Couple France-Allemagne, para recomendar su aceptación.


El Gobierno francés, sin embargo, la rechazó: lo vio como una admisión de impotencia por parte de Hitler, que la hizo solo porque estaba seguro de la hostilidad del pueblo del Sarre hacia Alemania y el régimen nacionalsocialista. 


El plebiscito tuvo lugar y sus resultados se conocieron en la noche del 13 al 14 de enero: el 90,8% de los votantes eligió el retorno a Alemania, el 8,8% de la autonomía en forma de statu quo y sólo el 0,4% eligió la adhesión a Francia. Prácticamente no hubo abstenciones. 


En Berlín estaban regocijados. 


La Revue des deux Mondes publicó un artículo del mariscal Pétain en el que se destacaba la necesidad de volver a hacer dos años de servicio militar. 


Hitler presentó a su Consejo de Ministros un Decreto que restablecía el servicio militar obligatorio en Alemania.


Inglaterra se acerca a Alemania


Inglaterra, sin embargo, no entró en el juego.


El 19 de agosto de 1934, había anunciado la expansión de su flota aérea en 42 nuevos escuadrones. Sin embargo, esta decisión no estaba motivada por el comportamiento de Alemania, sino por el hecho de que consideraba que sus intereses en el Lejano Oriente se veían amenazados por la política expansionista del Japón y no quería dejar allí a los Estados Unidos con las manos libres. El 23 de julio los Estados Unidos habían anunciado la construcción de 360.000 toneladas de nuevos buques y poco después de 2.320 aviones, y consideraban que competían con ellos en esta región. 


El 1 de marzo de 1935, Baldwin también había propuesto al Gobierno británico un plan general de rearme terrestre, naval y aéreo, para el que había obtenido fondos casi ilimitados. Esta vez, sin embargo, fue porque las relaciones entre Italia y Etiopía habían empeorado hasta el punto de que se había declarado el estado de guerra entre ambos países: el 6 de febrero Italia había enviado un cuerpo a Etiopía y dos divisiones adicionales el 11 de febrero. Los alistamientos voluntarios se estaban multiplicando en el país y la movilización general estaba a punto de ser decretada. Las fuentes del Nilo -otra S.D.N. decían los humoristas- incluyendo Egipto, protectorado inglés, que era tributario, se vieron amenazadas. 


Hitler no se equivocó.


Inglaterra, por supuesto, tenía excelentes relaciones con Italia: sus políticos más prominentes estaban llenos de elogios para el Duce. Francia, por otra parte, esperaba integrarla en el frente europeo antialemán y enfrentar a Mussolini con Hitler: el 4 de enero de 1935, Pierre Laval fue recibido con gran pompa en Roma por Mussolini y, el 7 de enero de 1935, en el Palacio de Venecia, se firmaron acuerdos franco-italianos (Francia, cedió a Italia los territorios fronterizos con Libia y Somalia, confirmó los privilegios de los italianos en Túnez y dispuso la celebración de consultas periódicas entre los dos gobiernos y entre los dos estados mayores. Se confirmó la necesidad de la independencia de Austria) destinados, según el comunicado, a abrir una era de estrecha colaboración entre los dos países”. A despecho de esto hay que mencionar a Léon Blum, que escribió en le Populaire del 6 de enero: “Por primera vez, un ministro francés es el invitado del asesino de Mattéoti, por primera ve, un representante de la República francesa reconoce al tirano de Italia como Jefe de Estado” (esto no era, por lo demás exacto: Francia tenía un embajador en Roma) pero cuya voz quedó aislada. Toda la prensa francesa, excepto por supuesto l´Humanité y el le Populaire acabó aprobando calurosamente la iniciativa de Pierre Laval. 


Está muy bien condenar el Nacionalsocialismo tan categóricamente como se pueda, ser el antinazi más feroz y decidido, o incluso considerar a Hitler como una emanación del infierno, pero uno no puede, si es de buena fe, no estar de acuerdo con la opinión del Times y negarse a reconocer que, aparte del punto 12 (el control del estado sobre la libertad de expresión en todos los estados), este programa era muy correcto y ofrecía una base para una seria reanudación del diálogo con Alemania en el seno de la Sociedad de Naciones y, para el mantenimiento de la paz, las perspectivas más alentadoras para el control de armas y quizás incluso el desarme general y efectivo. 


Francia se niega a reanudar las negociaciones sobe estas bases: el Pacto franco-soviético y las esperanzas que tenía en el lado italiano la animan a hacerlo. 


De manera más realista, los británicos decidieron aprovechar la oportunidad que se les ofrecía: el 25 de mayo invitaron al Gobierno alemán a iniciar conversaciones bilaterales sobre el rearme naval y el 18 de junio del año siguiente, en un tiempo récord, a pesar de las advertencias y protestas de Francia, se firmó un acuerdo entre el Reich y Gran Bretaña, en virtud del cual se reconocía oficialmente el rearme naval alemán al nivel en la forma que Hitler había reivindicado. 


En virtud de este éxito, von Ribbentrop, que dirigía la delegación alemana, impulsó un punto en dirección a un acuerdo general con Gran Bretaña, acuerdo que garantizaba la integridad territorial de Holanda, Bélgica y Francia e incluía el tentador ofrecimiento de la provisión de 12 divisiones alemanas a Inglaterra para ayudarla a defender su imperio colonial en dificultades, particularmente en las Indias. 


El hecho es que, por primera vez, uno de los firmantes del Tratado de Versalles ha admitido la tesis de Alemania sobre el problema de los armamentos. En París, las reacciones fueron muy violentas: ¿cómo podemos, de ahora en adelante, culpar a Alemania por repudiar las cláusulas del Tratado de Versalles, cuando la propia Inglaterra le ayuda a hacerlo? El gobierno francés acusa a la decisión británica de ser “moralmente inaceptable y legalmente insostenible.”


¿Legalmente insostenible? Los tontos que dirigían la política francesa en ese momento olvidaron o pretendieron olvidar que si Alemania violaba las cláusulas militares de la Parte V del Tratado de Versalles y si Inglaterra la ayudaba a hacerlo, era solo porque ellos mismos violaban el preámbulo, al menos desde el 16 de febrero de 1926, fecha en la que el mariscal Foch reconoció que Alemania se había desarmado: según los términos del propio Tratado, Francia debía entonces desarmarse a su vez. También olvidan que Francia se negó y torpedeó todas las iniciativas de quienes en particular los británicos y los estadounidenses, querían comprometer al mundo en el desarme. Por último, olvidan que, cuando los que están encargados de hacer respetar la ley son los primeros en violarla, o cuando no hay un cuerpo que pueda obligarles a respetarla, es la ley de la jungla, cada uno hace lo que quiere y el más fuerte triunfa. 


El Pacto Franco-Soviético


En el Este, las cosas se presentaban diferentes: aparte de los judíos y los masones, para aplastar el bolchevismo, que, a sus ojos, era de origen judío y masónico o mantenido en el mundo por judíos y masones (los judeo-marxistas, los judeo-masones, como él los llamaba comúnmente) es el postulado fundamental de la política de Hitler, y que ha asumido más decididamente, es la política de Drang nach Osten (Marcha hacia el Este), que ha sido la vocación natural del pueblo alemán desde los Caballeros de la Orden Teutónica (1128) si no desde Carlomagno. 


En el Parlamento francés, el debate sobre la ratificación comienza el 12 de febrero. Tiene una duración de quince días y se desarrolla en un ambiente apasionado totalmente dominado por la creación, el año anterior, del Frente Popular y las elecciones legislativas que se celebrarán en mayo. 


Todavía había una derecha y una izquierda claramente diferenciadas por programas muy específicos y muy significativos de sus respectivas doctrinas: el programa de la izquierda estaba en línea con la doctrina de la izquierda y el programa de la derecha estaba en línea con la doctrina de la derecha. Excepto, sin embargo, en asuntos de guerra, donde las posiciones tomadas por los partidos de izquierda pertenecían a lo que debería haber sido la doctrina de la derecha y los de la derecha a lo que era la doctrina de la izquierda. Es un hecho que, desde la Revolución Francesa, todas las guerras en las que Francia ha estado involucrada han sido declaradas por los gobiernos de izquierda en contra del consejo de los partidos de derecha. El ejemplo más famoso es la guerra de 1870 declarada en Prusia por Emile Olliver contra el consejo de Thiers.



El Sr. Bertrand de Jouvenel, interrumpiendo un momento de la charla de Hitler sobre su persona y las razones por las que el pueblo alemán confiaba en él, formuló brutalmente dos preguntas que situaron el debate en su verdadero terreno. La primera fue esta:


- “Los franceses, aunque leemos con satisfacción sus declaraciones pacíficas, estamos preocupados por ciertos signos menos alentadores. Por ejemplo en Mein Kampf, usted dijo cosas muy malas de Francia. Este libro es considerado en toda Alemania como una especie de Biblia política. Y circula sin que, en sucesivas ediciones, haya hecho la más mínima corrección del autor a lo que dijo sobre Francia.”


- Yo estaba en la cárcel cuando escribí este libro. Las tropas francesas estaban ocupando el Ruhr. Fue el momento de la mayor tensión entre nuestros dos países. Sí, éramos enemigos. Y yo estaba con mi país, como corresponde, contra el suyo. ¡Cómo estuve con mi país contra el suyo durante cuatro años en las trincheras! Me despreciaría a mi mismo si no fuera principalmente alemán cuando llegó el conflicto… Pero hoy en día, ya no hay razón para el conflicto. ¿Quiere que haga correcciones en mi libro, como un escritor que prepara una nueva edición de sus obras? Pero no soy un escritor, soy un político. ¿Mi corrección? La traigo todos los días en mi política exterior, ¡todos, tendiendo a la amistad de Francia!


¡Si logro el acercamiento franco-alemán como quiero, será una rectificación digna de mí! ¡Estoy escribiendo mi rectificación en el gran libro de la Historia!”.


El Sr. Bertrand de Jouvenel hace entonces su segunda pregunta:


- “Usted desea el acercamiento franco-alemán. ¿Es que el Pacto Franco-Soviético no lo va a poner en peligro?”


La respuesta de Hitler:


- “Mis esfuerzos personales hacia tal acercamiento siempre permanecerán. Sin embargo, en el ámbito de los hechos, este más que deplorable Pacto crearía naturalmente una nueva situación. 


“¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Se dejan arrastrar al juego diplomático de una Potencia que solo quiere provocar un desastre en las grandes naciones europeas, un desastre del que se beneficiará. No hay que perder de vista que la Rusia soviética es un elemento político con una idea revolucionaria explosiva y argumentos gigantescos. Como alemán, tengo el deber de tener esto en cuenta. El bolchevismo no tiene ninguna posibilidad de tener éxito entre nosotros. Pero hay otras grandes naciones que son menos inmunes al virus bolchevique que nosotros.


“Harían bien en pensar seriamente en mis ofertas de un trato. Nunca antes un líder alemán le ha hecho tales propuestas, o las ha repetido tan a menudo. ¿Y estas ofertas de quién vienen? ¿De un charlatán pacifista que se ha hecho realidad en las relaciones internacionales? ¡No, sino del más grande nacionalista que Alemania ha tenido a su cabeza! Yo, les ofrezco lo que nadie más podría haberles ofrecido: un acuerdo que será aprobado por el 90% de la nación alemana, el 90% que me sigue. Les pido que tomen nota de esto: hay oportunidades decisivas en la vida de los pueblos. Hoy, Francia puede, si lo desea, poner fin para siempre a este peligro alemán que sus hijos, de generación en generación, están aprendiendo a temer. Pueden levantar la terrible hipoteca que pesa sobre la Historia de Francia. Esta oportunidad se les está dando. Si no la aprovechan, consideren su responsabilidad hacia sus hijos.”



Alemania, que sentía su posición muy fuerte, pensó que la tribuna de la Sociedad de Naciones podía ser un “excelente armario publicitario” para ella y, como había sido invitada a comparecer ante el Consejo, Hitler envió a von Ribbentrop, que llegó el 19 de marco e hizo la siguiente declaración:


“El Canciller Hitler ha hecho toda una serie de propuestas para la paz. No se ha tenido en cuenta ninguna de ellas.


Propuso el desarme general: fue rechazada.


Propuso un armamento basado en la paridad, basado en ejércitos de 200.000 hombres: fue rechazada. 


Propuso elevar la cifra a 300.000 hombres: fue rechazada.


Propuso un pacto aéreo, fue rechazada. 


El 21 de mayo de 1935 propuso un conjunto de medidas destinadas a garantizar la paz en Europa: no se aceptó nada, aparte de las disposiciones sobre el desarme en el mar, que sirvieron de base para el acuerdo naval germano-inglés. 


El Canciller del Reich ha reiterado repetidamente sus ofertas de paz y, -si me permiten decirlo aquí-, él y toda Alemania esperaban que el Pacto franco-soviético no sería ratificado. 


Cuando el Parlamento francés, ignorando sus ofertas y advertencias, ratificó el Pacto, el Canciller del Reich, consciente de su gran responsabilidad hacia el pueblo alemán, sacó la única conclusión necesaria. Restauró la soberanía alemana sobre todo el territorio del Reich.