Fuente: España una historia única.
Se critica con frecuencia a la sociedad occidental, acusándola de amnesia y de tener poco conocimiento o interés en la historia. La creciente adicción a internet atomiza la lectura, de manera que la información se obtiene a partir de pequeños fragmentos o paquetes, sin necesidad de llevar a cabo un estudio sostenido o de tener una comprensión global, y sin criterios que determinen qué fuente es más exacta o fiable. El resultado es que nos encontramos ante una ingente cantidad de información, mucho mayor que la de ninguna época anterior, pero que carecemos de criterios, de organización y de una comprensión sólida. De este modo, los jóvenes se pasan horas y horas sentados ante las pantallas de los ordenadores, pero no leen libros. Se dice que, teniendo en cuenta su nivel de educación formal, aprenden menos que las generaciones anteriores. No estudian, sino que se limitar a “recuperar” de aquí y allá retazos de información.
Una cultura que se basa en el individualismo y el materialismo más acusados de la historia humana tiende a la gratificación instantánea y pierde el contacto con su propia tradición cultural.
Existen todas estas muestras de interés en la historia, pero se dan en medio de una creciente fragmentación intelectual y cultural, y sólo caracterizan a ciertas minorías, que tienen poco o ningún impacto en el conjunto de la población. El fenómeno genera una aparente paradoja: por una parte, una minoría estudia y lee más historia que nunca, mientras que la gran mayoría, a pesar de la difusión universal de la alfabetización y de la educación primaria, tiene poco o ningún conocimiento de historia, que como asignatura retrocede cada vez más en los planes de estudio.
En las universidades, todo ello ha erradicado prácticamente ciertas áreas de estudio como la historia militar, haciendo que se insista menos en la historia política, algo que, sin embargo, es menos apreciable en España. Los grandes temas son sustituidos por consideraciones comparativamente menores, que hacen hincapié en grupos pequeños, conductas desviadas y rarezas culturales. Se exige que gran parte de los estudios encajen dentro de la nueva santísima trinidad que forman la raza, la clase y el género, el nuevo “marxismo cultural”. Cada vez es más habitual que las investigaciones que no se atienen a esos criterios queden fuera de unas universidades en las que la contratación en áreas como las humanidades y las ciencias sociales se ha vuelto flagrantemente discriminatoria.
En la última generación, la producción de obras históricas de relevancia se ha visto limitada por una enorme insistencia en la historia local y regional. Evidentemente, este campo puede ser tan relevante como casi cualquier otro, pero en España se ha llegado a una situación de histeria política y cultural, que, estimulada por la federalización del país y por el hecho de que las instituciones locales y regionales gastan mucho dinero, y cada vez más, en cultura, suscita una atención ingente y desproporcionada. Los historiadores jóvenes saben que, por nimio o trivial que sea su tema de estudio, si se dedican a esos temas, tendrán publicaciones garantizadas.
Gran parte de las universidades toca al son de su público local, con prácticas de contratación tremendamente endogámicas. El hecho de que el reclutamiento del profesorado no se haga de un modo más global constituye una importante limitación, que se une a la falta de insistencia en el logro de la que adolece su evaluación profesional. En la actualidad, estas mismas tendencias, además de una innegable politización de las universidades, se dan prácticamente en todos los países, aunque el localismo y la endogamia son especialmente acusados en España.
El mejor exponente de la justicia histórica contemporánea han sido las iniciativas para llevar ante los tribunales a los criminales de guerra nazis y los serios esfuerzos realizados por los ciudadanos de la República Federal Alemana para lidiar con el horrendo pasado reciente alemán. Si los procesos de desnazificación no fueron del todo eficaces, en general, el desarrollo de la democracia germano occidental, los permanentes esfuerzos por imponer un sistema educativo serio, el encausamiento de los criminales, el estudio histórico objetivo y las iniciativas para compensar a las víctimas sí tuvieron éxito, convirtiendo a Alemania en el ejemplo más loable de lo que los alemanes llaman Vergangenheitsbewältigung (aceptación del pasado). El proceso, que no fue inmediato y que contó con altibajos, se encontró a finales del siglo XX con un movimiento de tendencia contraria que comenzaba a “normalizar” la historia. En el ámbito académico, el debate cobró forma en un fenómeno relativamente conocido, la Historikerstreit (polémica entre historiadores), aunque, en términos más generales, entre los alemanes ha ido aumentando la tendencia a ver en sus antecesores de la época nazi a víctimas, sobre todo de bombardeos indiscriminados. Evidentemente, había muchas clases de alemanes: algunos fueron grandes criminales, mientras que otros fueron relativamente víctimas, bien de sus gobiernos, bien de los enemigos de éstos. En comparación, el proceso de “desfascistización” italiano fue mucho menos entusiasta, sólo condujo a un número muy limitado de juicios, y pasados únicamente unos tres años, y por iniciativa de un ministro de Justicia comunista, se le puso punto final. En los países ocupados por la Unión Soviética, el proceso de desfascistización se basó en gran medida en castigar a aquellos a los que los soviéticos veían como sus principales enemigos. Fascistas o ex fascistas considerados útiles para los soviéticos no fueron castigados e incluso, en unos pocos casos, fueron recompensados.
Durante la Transición el país pasó legalmente (de la ley a la ley, como se suele decir) y de forma relativamente pacífica de una dictadura a una democracia parlamentaria. Ninguno de los partidos políticos con organizaciones convencionales participó en actos de violencia, aunque ETA, la extrema izquierda y, en ocasiones, la extrema derecha sí lo hicieron. Al contrario que durante la Segunda República, cuando fuerzas importantes del sistema, como los socialistas y finalmente gran parte del Ejército, recurrieron a la violencia, ésta fue totalmente ajena al sistema durante la Transición. En 1975 el movimiento anarcosindicalista, en su momento autor de muchos actos violentos, había sido pura y simplemente eliminado por la modernización.
Todo ello creó un nuevo “modelo español” de transición a la democracia. No se trataba del valeroso pero incoherente modelo de 1808-1814 y 1820 (también emulado con profusión en otros lugares, casi siempre sin éxito), sino de una pauta eminentemente productiva que se convertiría realmente en el nuevo modelo de transición democrática a escala mundial. Se emuló en países latinoamericanos y también en casi todos los comunistas de Europa oriental, así como en Asia central y septentrional, aunque -en función de cuál fuera el legado cultural o el nivel de desarrollo de esos países- algunos no lograron convertirse en democracias operativas, engrosando las filas de un tipo diferente de autoritarismo del siglo XXI. Se intentó por doquier, salvo en Yugoslavia y Rumanía, aplicar algo equivalente al modelo español, y en la mayoría de los casos la democracia triunfó.
Uno de los requisitos del modelo español era el rechazo a la política de la venganza, lo cual comportaba evitar cualquier búsqueda política o jurídica de “justicia histórica”. En esa época, esto era algo que aceptaban totalmente los principales actores políticos, en parte con la excepción del PNV, todavía anclado en hábitos arcaicos. La izquierda estaba tan deseosa como la derecha de abrazar esta política, porque, dejando a u lado su retórica y sus gestos típicos, los credenciales democráticos de la izquierda española eran igualmente dudosos, por lo que ésta estaba deseando hacer borrón y cuenta nueva. A pesar de que se dijera que todos los criminales de izquierdas habían sido castigados por Franco, no era cierto, ya que uno de los principales, Santiago Carrillo, fue una de las figuras más destacadas de la propia Transición. Se decidió conscientemente evitar cualquier iniciativa relativa a la justicia histórica, porque todos eran conscientes de que esta empresa la había abordado la Segunda República de forma vengativa entre 1931-1932 y, posteriormente, con mucha mayor brutalidad, el régimen de Franco. Los dirigentes de la Transición se daban cuenta de que sería prácticamente imposible acometer con imparcialidad otra iniciativa de esa índole, que casi sin ninguna duda sería más perjudicial que beneficiosa.
Para ocuparse de algunos importantes malhechores del pasado, los checos introdujeron un proceso que llamaron de “lustración”, al que acabaron por dar poco uso. En Alemania se hicieron más esfuerzos para purgar a los comunistas de las universidades de Alemania Oriental, pero poco más. En las nuevas repúblicas bálticas y en Asia central, los regímenes postsoviéticos se dedicaron principalmente a sustituir a los rusos por miembros de sus mayorías étnicas, pero hubo poquísimas causas penales. Sólo con el paso del tiempo Chile y Argentina acabaron por iniciar procesos judiciales contra un reducido número de personalidades destacadas de los regímenes anteriores. En general, los nuevos regímenes democráticos o poscomunistas no incluyeron entre sus políticas la búsqueda vigorosa de la “justicia histórica”.
Otro de los rasgos de la Transición española que figuró en gran parte de los demás casos fue la gran atención que se prestó a la historia reciente, a la que se dio toda clase de publicidad, dedicándole muchas nuevas investigaciones, multitud de publicaciones académicas, e incluso más atención periodística. No obstante, el grado de atención que el tema suscitó en España parece haber superado al registrado en algunos de los demás países. En parte, esto se debía simplemente a que España era un país más grande que la mayoría y que la amplitud de su mercado podía acoger un gran número y un gran abanico de publicaciones, así como productos de otros medios de difusión. Éste es uno de los aspectos en los que se puede establecer cierta comparación con Rusia, porque en este país, durante los primeros años de la era Yeltsin, relativamente más libres, aunque caóticos, también se asistió a la aparición de bastantes publicaciones nuevas y críticas sobre la historia reciente.
Una de las diferencias entre el caso español y muchos de los nuevos regímenes democráticos fue que, al principio, no se fabricaron muchos mitos nacionales nuevos para disimular o explicar los aspectos negativos del pasado reciente. En la Italia posfascista y en la Francia que surgió tras la caída del régimen de Vichy, no tardaron en aparecer nuevos mitos hegemónicos sobre la “resistencia” nacional al fascismo y al nazismo, que distorsionaron enormemente la realidad histórica, exagerando de modo considerable la amplitud de la resistencia y disimulando la generalizada complicidad con los anteriores sistemas autoritarios. En muchos países proliferaron mitos de victimismo nacional. Los austríacos, que en su mayoría habían sido cómplices relativamente entusiastas del nazismo, se crearon una nueva imagen histórica, gracias a la cual, al aparecer Austria como simplemente la “primera víctima” de Hitler, se alimentaba la autoestima del país. En el nuevo Japón democrático surgió una tendencia considerable a pasar por alto las atrocidades masivas del anterior régimen militar y a retratar en gran medida a los japoneses como poco más que víctimas inocentes de la guerra atómica. De los países poscomunistas, no hay duda de que Rusia ha sido escenario del más fanático nacionalismo y de un renovado autoengaño, ya que abundan diversas manifestaciones de teorías victimistas.
Al mismo tiempo, ciertos sectores políticos han promovido mitos e interpretaciones propios, que, en algunas regiones españolas, han sido equivalentes a los de otros países. Los franquistas que quedan, aunque no sean muy numerosos, han seguido difundiendo su concepción de Franco como salvador nacional y como artífice de un beneficioso régimen modernizado. De forma similar, el camuflaje de la política republicana iniciado durante la propia Guerra Civil se convirtió en parte de la imagen que de sí misma tenía la izquierda, con sus místicas y rutinariamente falseadas invocaciones a la “democracia” republicana, que se combinaban con el maquillado de la revolución. Los catalanistas, sobre todo de izquierdas, han conservado el mito igualmente distorsionado de la “democracia catalanista”. No hay duda de que los nacionalistas vascos son quienes viven en la más grande negación, con sus delirantes mitos históricos que, considerando que los vascos siempre han sido víctimas, hacen caso omiso de una realidad histórica: lo que realmente tuvo lugar en lo que ahora consideran Euskal Herria fue una guerra civil entre vascos. Prescinden igualmente de los constantes esfuerzos que hizo el PNV para traicionar a la causa republicana durante la propia guerra y de las repetidas intrigas que urdió durante la década posterior con todas y cada una de las potencias extranjeras para conseguir la partición de España.
El “pacto del olvido” no es más que un lema propagandístico. No existió tal cosa. La Transición se caracterizó justamente por lo contrario, puesto que se basó en una profunda conciencia de los fracasos del pasado y en la decisión de evitarlos. De hecho, como Paloma Aguilar ha escrito, “pocos procesos de cambio político han estado tan inspirados por el recuerdo del pasado y por las lecciones asociadas al mismo, como el el español. En realidad es imposible encontrar ningún caso en el que esa conciencia fuera mayor. No se acordó imponer el “silencio”, sino que los conflictos históricos quedarían en manos de historiadores y periodistas, y que los políticos no los utilizarían en la pugna partidista, que se centraría en los problemas presentes y futuros. Durante la Transición, historiadores y periodistas trabajaron sin cesar, inundando el país con nuevos relatos sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo, que en modo alguno disimulaban sus aspectos más atroces.
Durante la Transición, historiadores y periodistas trabajaron sin cesar, inundando el país con nuevos relatos sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo, que en modo alguno disimulaban sus aspectos más atroces. Pasados algunos años, comenzaron a aparecer detallados estudios académicos como los de Josep Maria Solé Sabaté, Joan Villarroya, Vicent Gabarda Cebellán, Francisco Alía Miranda y otros, que por primera vez comenzaron a situar la investigación de las represiones enun preciso terreno académico. Todo esto contradecía totalmente la existencia de cualquier tipo de "olvido" y fue una empresa mucho más cuidadosa y precisa que la de la posterior agitación en pro de "la memoria histórica".
En líneas generales, todos los grandes partidos mantuvieron el rechazo consensuado a la politización de la historia de la Guerra Civil y la dictadura hasta 1993, cuando los socialistas se vieron en grave peligro de perder las elecciones generales por primera vez en más de una década. En ese momento, Felipe González puso un especial empeño en advertir de que votar al Partido Popular conllevaba el gran riesgo de restaurar algunos de los más sombríos aspectos del franquismo. Esto equivalía a lo que en los Estados Unidos de las décadas posteriores a la guerra civil americana se denominó "agitar la camisa ensangrentada". En las elecciones más importantes, el Partido Republicano, que en el caso estadounidense había liderado a los vencedores, recurría regularmente a "agitar la camisa ensangrentada", recordando a sus votantes el precio que se había pagado con la guerra civil y aduciendo que votar a los rivales demócratas supondría el retorno del "poder esclavista". Esta actitud en ocasiones les fue útil a los republicanos, pero no siempre, y en España cada vez fue siendo menos positiva para los socialistas durante los comicios de 1996 y 2000. En 2002, después del fracaso total de los socialistas dos años antes, hubo un momento en el que José María Aznar declaró que la utilización del pasado reciente para fines partidistas había quedado enterrado.
Era una afirmación prematura, porque, una vez fuera de la botella, el genio se fue convirtiendo en un rasgo cada vez más habitual de la política española. Jordi Pujol, normalmente sensato, ya había hecho anteriormente referencias politizadas a la Guerra Civil, e incluso el Partido Popular acabaría por hacer algo similar ante el nuevo programa izquierdista desarrollado por Zapatero después de 2004. Para la izquierda, ese recurso se convirtió simplemente en práctica habitual.
Una nueva fase se inició en los primeros años del siglo XXI cuando se incrementó la agitación relativa a la "memoria histórica", que no surgió de un único movimiento, sijno que representaba a muy diversos grupos, muchos con motivaciones políticas, otros interesados en la historia y la arqueología. El sector más serio era el representado por Emilio Silva y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que comenzó a excavar su primera fosa común en 2000. El interés por identificar y enterar dignamente a víctimas no reconocidas anteriormente de las represiones perpetradas durante la Guerra Civil y la posguerra -o, en realidad, a víctimas militares no identificadas de la propia contienda- constituye una importante y loable iniciativa, que debería contar con apoyo público. Sin embargo, otros grupos han ido más allá, exigiendo una especial conmemoración política, un reconocimiento formal de que los izquierdistas represaliados murieron "por la democracia", y también una condena tanto de Franco como de su régimen e, implícitamente, de todos los que se enfrentaron a la izquierda durante la Guerra Civil.Todo ello fue acompañado de estridentes e histéricas denuncias de la represión franquista, que, exagerando su carácter y alcance, insinuaban que había sido la única. Una política muy inclemente y brutal se presentaba como algo todavía peor, equiparable a las de la Alemania nazi o a las de los regímenes comunistas más atroces. Se diseminaron imprecisas concepciones de "memoria histórica", como si fueran equivalentes a datos de investigaciones históricas profesionales. el resultado fue un esfuerzo prácticamente sistemático de reescritura y de falsificación, que en ocasiones también se esgrimió como arma táctica contra un Partido Popular cuya torpeza al lidiar el asunto no hizo más que agravar el problema.
La propia expresión "memoria histórica" es desafortunada, porque constituye un oxímoron, una contradicción fundamental en los términos, algo que en estricta lógica no puede existir. La memoria es intrínsecamente individual, subjetiva y, como todo el mundo sabe, muy frecuentemente falaz. Hasta la gente de buena fe recuerda constantemente detalles que entran bastante en contradicción con lo que realmente ocurrió. La memoria no define ni explica totalmente acontecimientos pasados, sino que se limita a proporcionar una versión o interpretación de los mismos. Por su parte, la historia no es ni individual ni subjetiva, sino que precisa de la investigación empírica, objetiva y profesional tanto de documentos como de otros datos y objetivos. Es un proceso que el conjunto de los estudiosos, debatiendo y contrastando resultados que se afanan por ser lo más impersonales y objetivos posibles, lleva más allá del individuo.
El filósofo Gustavo Bueno es todavía más crítico, e insiste en que en España todo esto representa pura y simplemente una maniobra política, que él califica de "invención, por parte de la izquierda, del concepto de "memoria histórica". Señala que el decano de los últimos estudios sobre memoria, Pierre Nora, distingue entre la historia, cuya investigación aspira a la objetividad, y la memoria, que es una construcción objetiva. Bueno recalca que la memoria histórica nunca puede ser más que una elaboración social, cultural o política. Para él, el concepto de "memoria histórica común" es "una idea metafísica" que "pretende remitirnos... a un sujeto abstracto (de Sociedad, la Humanidad, una especia de divinidad que todo lo conserva y lo mantiene presente) capaz de conservar en su seno la totalidad del pretérito que los mortales del presente deben descubrir".
En la empresa objetiva de realizar excavaciones de arqueología forense descubrimos que los paladines de la Europa contemporánea no son los españoles de la ARMH, que en ocasiones han llevado a cabo una labor meritoria pero recuperando relativamente pocos restos, sino los rusos de finales del siglo XX. El país que más sistemáticamente ignoró la existencia de fosas comunes, tanto de ejecutados por el estalinismo como durante la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión Soviética, algunos de cuyos correligionarios españoles se han mostrado muy activos en la propaganda relativa a la "memoria histórica" y el "pacto del olvido". Como los restos de muchos de los millones de víctimas soviéticas de la guerra nunca se recuperaron, ni siquiera los de quienes cayeron en batallas registradas en suelo ruso, durante las décadas de 1970 y 1980 miles de voluntarios dedicaron el tiempo libre de sus fines de semana a recuperar los cuerpos de miles y miles de soldados.
Por otra parte, es probable que la utilización más refinada de la memoria colectiva de la Guerra Civil española no la propiciara ninguno de los herederos españoles de ambos bandos, sino que fue la que se plasmó en el culto a la Guerra Civil antifascista y revolucionaria impulsada en la República Democrática Alemana (RDA). Un sector importante de los primeros mandatarios de la RDA había luchado en las Brigadas Internacionales (cuyo objetivo no era desde luego lograr la democracia para España) y, al mismo tiempo que se revelaban en la Unión Soviética los crímenes de Stalin, el mito de la Revolución rusa era hasta cierto punto sustituido por el de la revolución y la lucha antifascista de España, que se constituiría en una especie de mito fundacional del régimen germano-oriental. Huelga decir que nadie pretendía señalar que la Segunda República hubiera sido una democracia liberal de cuño occidental. La decadencia del mito de la memoria colectiva de la Guerra Civil española durante la década de 1980 coincidió con el declive general del régimen de Alemania Oriental. No sólo de pan vive el hombre.
La nueva ideología común de la izquierda occidental, la única gran ideología contemporánea que carece de un nombre generalmente aceptado. Su denominación más técnica es corrección política, pero en España se le ha llamado, con mayor frecuencia, simplemente "buenismo" o incluso "pensamiento dominante". Al igual que todas las doctrinas izquierdistas radicales de la época contemporánea, la corrección política rechaza de plano el pasado, pero convierte en un fetiche singular la revolución cultural y el rechazo del legado de la civilización occidental, algo en lo que en ciertos aspectos se aparta categóricamente del marxismo clásico.
El "victimismo" es especialmente importante para esta ideología contemporánea, ya que, al igual que sus antecesores inmediatos, tiende a convertirse en un credo laico o en un sucedáneo de religión, por lo que debe encontrar formas de abordar la cuestión fundamental de la culpa.
En España, lo habitual es que esas cuestiones apenas se discutan y que simplemente se afirmen.. Así suele ser, tanto en la polémica sobre las identidades nacionales como al hablar de las represiones de la Guerra Civil o de la posguerra. Cuando se convocan congresos académicos, sólo suele organizarlo uno de los bandos, que atiborra el programa con representantes de su punto de vista, mientras el contrario hace lo mismo. Ha habido unas pocas excepciones parciales en congresos dedicados al nacionalismo y la identidad, y también en ocasiones insólitas como el curso de verano dedicado a la memoria histórica y las represiones que organizó la Universidad de Burgos durante el verano de 2005.
Un signo esperanzador es que el texto definitivo de la habitual pero incorrectamente denominada "Ley de la Memoria Histórica" (su exacto y profuso nombre es "Ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". Evidentemente, es imposible poner totalmente en práctica una medida de esta índole, ya que, durante la Guerra Civil, una parte considerable de la población sufrió algún tipo de persecución, directa o indirecta, en una u otra zona; también, y especialmente, durante los primeros años de la dictadura, y en menor medida después de esa época.) que acabó por aprobar el Gobierno de Zapatero fue más moderada que los borradores anunciados entre 2004 y 2006. Gracias a un amplio abanico de críticas, que iban desde las expresadas por los portavoces del Partido Popular a las de historiadores profesionales (entre ellos unos pocos prestigiosos académicos socialistas), la expresión "memoria histórica" prácticamente desapareció, siendo sustituida por la "memoria democrática" que la ley se proponía fomentar. Hablando con propiedad, esta expresión debería aplicarse a la Transición, ya que en la España anterior a 1977 nunca existió una democracia completa, quizá con la excepción parcial de los gobiernos de Lerroux-Samper del periodo 1933-1934, contra los que los socialistas lanzaron una insurrección. Sin embargo, cabe suponer que no fuera ésta precisamente la intención de los legisladores izquierdistas responsables de la aprobación de la ley. Ésta reconoce que "no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva", pero a continuación se contradice encomendando al Gobierno la implantación de "políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y fomento de la memoria democrática", de manera que "en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno establecerá el marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática".
Las polémicas históricas en la España contemporánea no se resolverán en un futuro próximo, porque no las alimentan intereses eruditos o académicos, sino pasiones políticas. La forma habitual de resolver polémicas históricas pasa por la realización de investigaciones extensas y análisis profundos, pero probablemente los éxitos de la investigación histórica no tendrán grandes consecuencias.
No es Alemania el otro país en el que se han registrado polémicas equivalentes, sino la Rusia de la década de 1990, donde no sólo se debatió sobre las atrocidades soviéticas, también sobre la historia y la identidad nacionales en su conjunto. En líneas generales. en Rusia el debate ha concluido con la llegada al poder de Vladímir Putin y con la proyección de un mito nacional que abunda en los aspectos positivos del pasado ruso sin negar del todo las atrocidades cometidas por el totalitarismo. Esta versión se ha visto alentada tanto por los amplios poderes autoritarios de la administración de Putin como por la actual prosperidad económica. Sin embargo, también ayuda que la cultura y la sociedad rusas conserven ciertos rasgos propios que, ajenos a la cultura occidental, se ven poco afectados por la corrección política. Así es hasta el punto de que ahora hay una amplia minoría de rusos que ve de nuevo en Stalin a un héroe nacional. No hace falta decir que, una vez más, Rusia constituye un ejemplo negativo, y que apenas hay riesgo de que España siga su misma senda.
Para España, el problema radica más bien en proporcionar coherencia nacional a la trayectoria elegida, sea la que sea, y en reconocer la ambigüedad y la complejidad de la propia historia. Las dos polémicas históricas principales -la relativa a la nación y la que se centra en la Guerra Civil y el franquismo, relacionadas entre sí- no tienen una solución inmediata, ya que las divisorias no son únicamente de índole historiográfica, sino todavía más políticas, y pervivirán durante cierto tiempo.
Durante la Transición, historiadores y periodistas trabajaron sin cesar, inundando el país con nuevos relatos sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo, que en modo alguno disimulaban sus aspectos más atroces. Pasados algunos años, comenzaron a aparecer detallados estudios académicos como los de Josep Maria Solé Sabaté, Joan Villarroya, Vicent Gabarda Cebellán, Francisco Alía Miranda y otros, que por primera vez comenzaron a situar la investigación de las represiones enun preciso terreno académico. Todo esto contradecía totalmente la existencia de cualquier tipo de "olvido" y fue una empresa mucho más cuidadosa y precisa que la de la posterior agitación en pro de "la memoria histórica".
En líneas generales, todos los grandes partidos mantuvieron el rechazo consensuado a la politización de la historia de la Guerra Civil y la dictadura hasta 1993, cuando los socialistas se vieron en grave peligro de perder las elecciones generales por primera vez en más de una década. En ese momento, Felipe González puso un especial empeño en advertir de que votar al Partido Popular conllevaba el gran riesgo de restaurar algunos de los más sombríos aspectos del franquismo. Esto equivalía a lo que en los Estados Unidos de las décadas posteriores a la guerra civil americana se denominó "agitar la camisa ensangrentada". En las elecciones más importantes, el Partido Republicano, que en el caso estadounidense había liderado a los vencedores, recurría regularmente a "agitar la camisa ensangrentada", recordando a sus votantes el precio que se había pagado con la guerra civil y aduciendo que votar a los rivales demócratas supondría el retorno del "poder esclavista". Esta actitud en ocasiones les fue útil a los republicanos, pero no siempre, y en España cada vez fue siendo menos positiva para los socialistas durante los comicios de 1996 y 2000. En 2002, después del fracaso total de los socialistas dos años antes, hubo un momento en el que José María Aznar declaró que la utilización del pasado reciente para fines partidistas había quedado enterrado.
Era una afirmación prematura, porque, una vez fuera de la botella, el genio se fue convirtiendo en un rasgo cada vez más habitual de la política española. Jordi Pujol, normalmente sensato, ya había hecho anteriormente referencias politizadas a la Guerra Civil, e incluso el Partido Popular acabaría por hacer algo similar ante el nuevo programa izquierdista desarrollado por Zapatero después de 2004. Para la izquierda, ese recurso se convirtió simplemente en práctica habitual.
Una nueva fase se inició en los primeros años del siglo XXI cuando se incrementó la agitación relativa a la "memoria histórica", que no surgió de un único movimiento, sijno que representaba a muy diversos grupos, muchos con motivaciones políticas, otros interesados en la historia y la arqueología. El sector más serio era el representado por Emilio Silva y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que comenzó a excavar su primera fosa común en 2000. El interés por identificar y enterar dignamente a víctimas no reconocidas anteriormente de las represiones perpetradas durante la Guerra Civil y la posguerra -o, en realidad, a víctimas militares no identificadas de la propia contienda- constituye una importante y loable iniciativa, que debería contar con apoyo público. Sin embargo, otros grupos han ido más allá, exigiendo una especial conmemoración política, un reconocimiento formal de que los izquierdistas represaliados murieron "por la democracia", y también una condena tanto de Franco como de su régimen e, implícitamente, de todos los que se enfrentaron a la izquierda durante la Guerra Civil.Todo ello fue acompañado de estridentes e histéricas denuncias de la represión franquista, que, exagerando su carácter y alcance, insinuaban que había sido la única. Una política muy inclemente y brutal se presentaba como algo todavía peor, equiparable a las de la Alemania nazi o a las de los regímenes comunistas más atroces. Se diseminaron imprecisas concepciones de "memoria histórica", como si fueran equivalentes a datos de investigaciones históricas profesionales. el resultado fue un esfuerzo prácticamente sistemático de reescritura y de falsificación, que en ocasiones también se esgrimió como arma táctica contra un Partido Popular cuya torpeza al lidiar el asunto no hizo más que agravar el problema.
La propia expresión "memoria histórica" es desafortunada, porque constituye un oxímoron, una contradicción fundamental en los términos, algo que en estricta lógica no puede existir. La memoria es intrínsecamente individual, subjetiva y, como todo el mundo sabe, muy frecuentemente falaz. Hasta la gente de buena fe recuerda constantemente detalles que entran bastante en contradicción con lo que realmente ocurrió. La memoria no define ni explica totalmente acontecimientos pasados, sino que se limita a proporcionar una versión o interpretación de los mismos. Por su parte, la historia no es ni individual ni subjetiva, sino que precisa de la investigación empírica, objetiva y profesional tanto de documentos como de otros datos y objetivos. Es un proceso que el conjunto de los estudiosos, debatiendo y contrastando resultados que se afanan por ser lo más impersonales y objetivos posibles, lleva más allá del individuo.
El filósofo Gustavo Bueno es todavía más crítico, e insiste en que en España todo esto representa pura y simplemente una maniobra política, que él califica de "invención, por parte de la izquierda, del concepto de "memoria histórica". Señala que el decano de los últimos estudios sobre memoria, Pierre Nora, distingue entre la historia, cuya investigación aspira a la objetividad, y la memoria, que es una construcción objetiva. Bueno recalca que la memoria histórica nunca puede ser más que una elaboración social, cultural o política. Para él, el concepto de "memoria histórica común" es "una idea metafísica" que "pretende remitirnos... a un sujeto abstracto (de Sociedad, la Humanidad, una especia de divinidad que todo lo conserva y lo mantiene presente) capaz de conservar en su seno la totalidad del pretérito que los mortales del presente deben descubrir".
En la empresa objetiva de realizar excavaciones de arqueología forense descubrimos que los paladines de la Europa contemporánea no son los españoles de la ARMH, que en ocasiones han llevado a cabo una labor meritoria pero recuperando relativamente pocos restos, sino los rusos de finales del siglo XX. El país que más sistemáticamente ignoró la existencia de fosas comunes, tanto de ejecutados por el estalinismo como durante la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión Soviética, algunos de cuyos correligionarios españoles se han mostrado muy activos en la propaganda relativa a la "memoria histórica" y el "pacto del olvido". Como los restos de muchos de los millones de víctimas soviéticas de la guerra nunca se recuperaron, ni siquiera los de quienes cayeron en batallas registradas en suelo ruso, durante las décadas de 1970 y 1980 miles de voluntarios dedicaron el tiempo libre de sus fines de semana a recuperar los cuerpos de miles y miles de soldados.
Por otra parte, es probable que la utilización más refinada de la memoria colectiva de la Guerra Civil española no la propiciara ninguno de los herederos españoles de ambos bandos, sino que fue la que se plasmó en el culto a la Guerra Civil antifascista y revolucionaria impulsada en la República Democrática Alemana (RDA). Un sector importante de los primeros mandatarios de la RDA había luchado en las Brigadas Internacionales (cuyo objetivo no era desde luego lograr la democracia para España) y, al mismo tiempo que se revelaban en la Unión Soviética los crímenes de Stalin, el mito de la Revolución rusa era hasta cierto punto sustituido por el de la revolución y la lucha antifascista de España, que se constituiría en una especie de mito fundacional del régimen germano-oriental. Huelga decir que nadie pretendía señalar que la Segunda República hubiera sido una democracia liberal de cuño occidental. La decadencia del mito de la memoria colectiva de la Guerra Civil española durante la década de 1980 coincidió con el declive general del régimen de Alemania Oriental. No sólo de pan vive el hombre.
La nueva ideología común de la izquierda occidental, la única gran ideología contemporánea que carece de un nombre generalmente aceptado. Su denominación más técnica es corrección política, pero en España se le ha llamado, con mayor frecuencia, simplemente "buenismo" o incluso "pensamiento dominante". Al igual que todas las doctrinas izquierdistas radicales de la época contemporánea, la corrección política rechaza de plano el pasado, pero convierte en un fetiche singular la revolución cultural y el rechazo del legado de la civilización occidental, algo en lo que en ciertos aspectos se aparta categóricamente del marxismo clásico.
El "victimismo" es especialmente importante para esta ideología contemporánea, ya que, al igual que sus antecesores inmediatos, tiende a convertirse en un credo laico o en un sucedáneo de religión, por lo que debe encontrar formas de abordar la cuestión fundamental de la culpa.
En España, lo habitual es que esas cuestiones apenas se discutan y que simplemente se afirmen.. Así suele ser, tanto en la polémica sobre las identidades nacionales como al hablar de las represiones de la Guerra Civil o de la posguerra. Cuando se convocan congresos académicos, sólo suele organizarlo uno de los bandos, que atiborra el programa con representantes de su punto de vista, mientras el contrario hace lo mismo. Ha habido unas pocas excepciones parciales en congresos dedicados al nacionalismo y la identidad, y también en ocasiones insólitas como el curso de verano dedicado a la memoria histórica y las represiones que organizó la Universidad de Burgos durante el verano de 2005.
Un signo esperanzador es que el texto definitivo de la habitual pero incorrectamente denominada "Ley de la Memoria Histórica" (su exacto y profuso nombre es "Ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". Evidentemente, es imposible poner totalmente en práctica una medida de esta índole, ya que, durante la Guerra Civil, una parte considerable de la población sufrió algún tipo de persecución, directa o indirecta, en una u otra zona; también, y especialmente, durante los primeros años de la dictadura, y en menor medida después de esa época.) que acabó por aprobar el Gobierno de Zapatero fue más moderada que los borradores anunciados entre 2004 y 2006. Gracias a un amplio abanico de críticas, que iban desde las expresadas por los portavoces del Partido Popular a las de historiadores profesionales (entre ellos unos pocos prestigiosos académicos socialistas), la expresión "memoria histórica" prácticamente desapareció, siendo sustituida por la "memoria democrática" que la ley se proponía fomentar. Hablando con propiedad, esta expresión debería aplicarse a la Transición, ya que en la España anterior a 1977 nunca existió una democracia completa, quizá con la excepción parcial de los gobiernos de Lerroux-Samper del periodo 1933-1934, contra los que los socialistas lanzaron una insurrección. Sin embargo, cabe suponer que no fuera ésta precisamente la intención de los legisladores izquierdistas responsables de la aprobación de la ley. Ésta reconoce que "no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva", pero a continuación se contradice encomendando al Gobierno la implantación de "políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y fomento de la memoria democrática", de manera que "en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno establecerá el marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática".
Las polémicas históricas en la España contemporánea no se resolverán en un futuro próximo, porque no las alimentan intereses eruditos o académicos, sino pasiones políticas. La forma habitual de resolver polémicas históricas pasa por la realización de investigaciones extensas y análisis profundos, pero probablemente los éxitos de la investigación histórica no tendrán grandes consecuencias.
No es Alemania el otro país en el que se han registrado polémicas equivalentes, sino la Rusia de la década de 1990, donde no sólo se debatió sobre las atrocidades soviéticas, también sobre la historia y la identidad nacionales en su conjunto. En líneas generales. en Rusia el debate ha concluido con la llegada al poder de Vladímir Putin y con la proyección de un mito nacional que abunda en los aspectos positivos del pasado ruso sin negar del todo las atrocidades cometidas por el totalitarismo. Esta versión se ha visto alentada tanto por los amplios poderes autoritarios de la administración de Putin como por la actual prosperidad económica. Sin embargo, también ayuda que la cultura y la sociedad rusas conserven ciertos rasgos propios que, ajenos a la cultura occidental, se ven poco afectados por la corrección política. Así es hasta el punto de que ahora hay una amplia minoría de rusos que ve de nuevo en Stalin a un héroe nacional. No hace falta decir que, una vez más, Rusia constituye un ejemplo negativo, y que apenas hay riesgo de que España siga su misma senda.
Para España, el problema radica más bien en proporcionar coherencia nacional a la trayectoria elegida, sea la que sea, y en reconocer la ambigüedad y la complejidad de la propia historia. Las dos polémicas históricas principales -la relativa a la nación y la que se centra en la Guerra Civil y el franquismo, relacionadas entre sí- no tienen una solución inmediata, ya que las divisorias no son únicamente de índole historiográfica, sino todavía más políticas, y pervivirán durante cierto tiempo.
