Los Reyes Católicos y los judíos - Luis Suárez (Segunda parte)

La Inquisición nueva

Apareció, tras las conversaciones con el nuncio, la Inquisición, que se diferenciaba de la antigua en que no era mero procedimiento judicial. En octubre de 1477, Nicolás Franco había comunicado a Isabel la preocupación que el papa Sixto IV sentía a causa de los informes que estaba recibiendo acerca del problema de los conversos. Franciscano, el Pontífice compartía las preocupaciones de los mendicantes. A estas noticias se sumaron otros datos que los propios reyes recogieron durante su estancia en Sevilla; conocemos su reacción por un documento muy tardío, de 1507, ya muerta Isabel; en él Fernando, que se expresa en primera persona, justificaba el rigor de las primeras actuaciones inquisitoriales diciendo que si aquellas denuncias “nos las dijeran del Príncipe, nuestro hijo, hubiéramos hecho lo mismo”. Tenemos aquí un testimonio irrefutable acerca de uno de los aspectos fundamentales de la cuestión: Fernando e Isabel no parecen haber sentido la menor duda acerca de sus actuaciones que consideraban fruto del deber. La responsabilidad en este aspecto no ofrece la menor duda.

Estamos ahora en condiciones de saber cuáles eran las tres principales acusaciones que se formulaban contra los conversos, las cuales fueron absolutamente creídas. Esto no significa que debamos considerarlas verdaderas. Sirvieron de punto de partida para la dura persecución:

- Los conversos, cristianos únicamente de nombre, seguían practicando la ley mosaica, leyendo y obedeciendo el Talmud y guardando las fiestas y ritos propios del judaísmo. Rechazaban el dogma de la Trinidad y, consecuentemente, la divinidad de Jesucristo. Por eso evitaban la palabra de Dios, que les sonaba a plural, y la sustituían por “el Dio”. Despreciaban la virginidad y fomentaban toda clase de relaciones sexuales.

- Buscaban por todos los medios la acumulación de riquezas a fin de disponer de grandes fortunas que les permitiesen acceder a oficios desde los que fuese posible ejercer poder sobre los cristianos. 

- Estaban inclinados a la brujería. Eran muchos los cristianos ignorantes o malévolos que consideraban al Qabbalah -el alfabeto hebreo- como un libro de conjuros mediante los cuales se provocaba la intervención del Diablo. Las postrimerías del siglo XV fueron prolíficas en toda clase de supersticiones: brujos y astrólogos proliferaban en las Cortes de los príncipes; uno de los criados del arzobispo Carrillo fue condenado a la hoguera por brujería. Palancia afirma que el prelado se dejaba guiar por este tipo de supersticiones.

Las instrucciones que se entregaran a Nicolás Franco en Roma insistían en calificar tales delitos como síntomas de la mayor gravedad. En Sevilla se habló de la necesidad de recurrir el procedimiento inquisitorial como se había proyectado ya en época de Enrique IV. Pero los reyes se quejaron de la escasa eficacia del mismo, al encomendarse a dos obispos; era imprescindible que el Pontífice les otorgara facultad para escoger a los inquisidores fuera del ámbito de la autoridad dominicana -aunque ellos pensaban recurrir a frailes predicadores-, prestándoles en consecuencia todo el apoyo que necesitaban desde el aparato del Estado. Sixto IV aceptó la propuesta y el 1 de noviembre de 1478 (bula Exigit sincera devotionis) se dio el paso decisivo que permitiría crear una Institución dentro de la Monarquía española, aunque conservando su carácter eclesiástico. Años más tarde Sixto IV se daría cuenta del error cometido tratando de rectificar sin sin conseguirlo nunca del todo. 

Gregorio IX había establecido el requisito del previo procedimiento inquisitorial, reservado a los dominicos, como un medio de defensa de los fieles, una vez que el emperador y los reyes incluyeran la herejía entre los más graves delitos, a fin de impedir que los soberanos temporales se sirviesen de ella como un medio de persecución contra sus enemigos políticos: la Iglesia exigía que antes de que pudiera aplicarse un castigo, fuese imprescindible que los inquisidores (literalmente averiguadores) declarasen que el delito efectivamente existía. Invocando razones de eficacia, la bula de 1478 -el Papa diría luego que se había presentado la petición en forma mu “general y confusa”- permitía a la Corona escoger dos o tres eclesiásticos mayores de cuarenta años, bachilleres o maestros en Teología, de reconocida virtud y probados mediante examen, y convertirlos en verdaderos funcionarios suyos para persecución del delito específico de la “herética pravedad”. Se invertían, pues, los términos respecto a la intención inicial de la Iglesia, cuya misión consiste en perdonar, absolver y defender; prestaba sus medios para una operación de represión. Se brindaba al Estado -como sucedería en la segunda fase- la posibilidad de servirse de la “herética pravedad” como instrumento contra sus enemigos. 

El 27 de setiembre de 1480, estando en Medina del Campo, Fernando e Isabel nombraron los dos primeros inquisidores, con competencia limitada al ámbito de Sevilla: se trataba de los dominicos Fran Miguel de Morillo y Fran Juan de san Martín, a los que se sumaron dos ayudantes, López del Barco y Juan Ruiz de Medina, que no lo eran; lógicamente estaban capacitados para contratar otro personal subalterno. Coincidiendo con este nombramiento se cursaron disposiciones que tendían a hacer más rigurosa la dificultad para el trato de judíos con cristianos en Sevilla. Recordemos que la Inquisición no tenía poderes para procesar o juzgar a los judíos. 

Reaccionan los dominicos

No se han conservado los procesos inquisitoriales de esta primera etapa, de modo que estamos obligados a servirnos únicamente de noticias proporcionadas por los cronistas. Según Pulgar que, pese a la oficialidad de su Crónica, no puede evitar el tono pesimista, al publicarse el “edicto de gracia”, con que los inquisidores debían comenzar sus actuaciones, quince mil conversos se acogieron a él: implicaba una confesión de culpas  la imposición de una penitencia, en grado diverso, cumplida la cual se consideraba que los afectados quedaban integrados en la comunidad cristiana sin ulteriores dificultades. La cifra debe ser puesta en sospecha como todas las que manejan las crónicas. Continúa diciendo que los inquisidores, procediendo con “rigor inusitado”, pronunciaron 2.700 penas de muerte, como respuesta a herejía no confesada ni arrepentida. Aun suponiendo que la cifra sea correcta se debe tener en cuenta que incluía los condenados en ausencia, que no pudieron ser hallados, y los difuntos cuya memoria de este modo se maldecía. 

El lugar de las ejecuciones se fijó en Tablada, fuera de la ciudad. Alfonso de Palencia, testigo presencial y menor reticente que Pulgar, dice que allí fueron quemados, vivos o muertos, 500 reos. No tenemos tampoco seguridad absoluta de la corrección de tales cifras. Un dato importante que ambos cronistas recogen, y que se ve confirmado por documentos posteriores, es que Isabel, “estimando en poco la disminución de sus rentas y reputando en mucho la limpieza de sus tierras”, apoyó el rigor con que actuaron estos primeros inquisidores. La justicia parecía identificarse con la falta de misericordia, que es típica en las acciones represivas de todos los tiempos. 

Como en toda represión existen aspectos que no pueden ser medidos por medio de cifras. Todo aquel que había pasado por la humillante experiencia de una “reconciliación” pública, quedaba marcado para siempre como persona degradada. Es cierto que, pasados estos primeros años, habiendo recuperado la jerarquía católica una parte de la dirección, los castigos se hicieron menos graves, hasta el punto de que los investigadores actuales, cotejando cifras, llegan a descubrir que las sentencias capilares de la Inquisición fueron de número inferior a las que en otros países pronunciaban tribunales ordinarios en relación con los mismos delitos, pero ello no impide reconocer el daño profundo que, para la Iglesia misma, suponía poner una parte de sus efectivos al servicio del Estado para persecución de aquellos a quienes se consideraba enemigos de la “república de estos Reinos”. Puede decirse con los datos que poseemos que los otros tribunales especiales fuera de España fueron peores para sus víctimas, pero no es menos cierto que la Inquisición significó para la Iglesia y para la Monarquía católica, un serio perjuicio.